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martes 21 de julio de 2026

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Número cero

Número cero

Por José Buendía Hegewisch

¿Hacia dónde va la UIF?

¿Hacia dónde va la justicia cuando cede al espectáculo como modelo de combate a la corrupción, aunque sea prioridad en el discurso presidencial? Esa política en las investigaciones sobre Odebrecht, los casos de Anaya, Lozoya, Treviño y una larga lista de políticos inculpados no es un suplemento o decoración añadida a los procesos, sino el corazón mismo de las cargas emocionales que conectan con la indignación por la ilegalidad y el abuso. La acumulación de escándalos es, a la vez, resultado y proyecto anticorrupción de la FGR, del que no tiene que rendir cuentas a nadie por sus inconsecuencias. ¿Es la ruta que también ahora tomará la UIF?
La renuncia de Santiago Nieto a la UIF, envuelta en un escándalo social, es una buena noticia para la estrategia de Gertz de procurar justicia con los tiempos políticos. Ambos vivieron diferendos públicos que poco ayudan a atacar la corrupción desde esas instituciones o la limitan a actos publicitarios. El exzar antilavado de la SHCP se quejaba de que la FGR ignoraba investigaciones de operaciones financieras ilegales como, por ejemplo, la de Ricardo Gallardo, que recién asumió la gubernatura de SLP. Para la Fiscalía, las averiguaciones estaban mal integradas y aducía violaciones al debido proceso, a pesar de que podían servir a sus unidades antilavado para buscar pruebas. No pasó, fue la UIF la que nutrió las carpetas.
La disputa nunca se resolvió y acabaría por afectar al gobierno en la zona neurálgica de una justicia, de por sí, ineficaz. La desautorización de Nieto por parte del Presidente fue inmediata tras estallar en redes el escándalo de su boda en Guatemala como un evento social al uso y costumbres de cualquier evento social de otros sexenios, pecado para la 4T. Visiblemente molesto, lo calificó de “escandaloso e incorrecto”, como epitafio de la caída de un funcionario que había convertido la UIF en pieza clave de la persecución de políticos y funcionarios de anteriores gobiernos gracias a la detección de recursos de procedencia ilícita; pero cuya eficacia chocaba en la ventanilla de una Fiscalía que, al contrario, se distingue en América Latina por no haber logrado ninguna condena de Odebrecht.
El castigo evidencia la disposición a sacrificar una pieza central anticorrupción para preservar la imagen de un gobierno del boato, opulencia y relaciones públicas de anteriores. Y también la creciente tenencia de López Obrador a cerrar el círculo con sus más conocidos y leales, como el fiscal Gertz en la segunda mitad del sexenio. De todas maneras, la UIF ya perdió la batalla, por ejemplo, con un recorte de casi 9% en su presupuesto para 2022 y el fortalecimiento de unidades antilavado de la FGR en la disputa de competencias contra los delitos de “cuello blanco”, con un elenco estelar, desde el expresidente Peña Nieto, Videgaray, Anaya y hasta los exdirectores de Pemex, Lozoya y Carlos Treviño. El ariete de las investigaciones financieras contra la delincuencia organizada perdía fuelle dentro de esa pelea institucional, aunque la UIF sigue teniendo participación en los mayores procesos abiertos contra la corru-pción política.
El de Nieto es un perfil técnico, con experiencia como fiscal en el ámbito electoral de otros gobiernos y vínculos con políticos de diversos partidos, pero lazos muy recientes con López Obrador y menos con la vieja guardia del “movimiento” de Morena. De ahí viene, en cambio, su sustituto, Pablo Gómez, con una larga biografía política como dirigente veterano de la izquierda y líder de Morena en el Congreso. El Presidente lo presentó como “incorruptible”, un atributo que no agota las necesidades técnicas del puesto, pero expresa esa creciente tendencia a recurrir a sus relaciones de mayor lealtad en puestos clave. Incluso en su designación algunos ven una muestra del avance de los más radicales de la coalición obradorista con miras a la sucesión de 2024. Pero la pregunta es cuál será la orientación de la UIF bajo la nueva dirección, ya que, como ha aceptado el propio Gómez, es una institución que también puede servir a la extorsión y negocio como antes. Si el rol que tomará en los principales escándalos de corrupción, como Odebrecht, el congelamiento de cuentas de la delincuencia organizada y contra el lavado de dinero, será enfrentar a todos esos poderes de facto o se subirá a la política de espectáculo de la justicia del fiscal Gertz.

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