Solo nueve personas con discapacidad han sido contratadas en el servicio público en la Ciudad de México, pese a que la ley estipula desde 2017 que 5 por ciento en los puestos de reciente creación y las vacantes tienen que destinarse a este sector.
Se trata de nueve puestos en la Secretaría de Administración y Finanzas. La dependencia cuenta con mil 41 empleados, de acuerdo con información pública alojada en Transparencia, lo que apenas representan 1 por ciento de la plantilla.
La diputada Daniela Álvarez, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, alertó porque la situación se repite en todas las áreas del servicio público.
Por ello, presentó una iniciativa para que se dé cumplimiento a esta cuota, que está plasmada en el Artículo 24 de la Ley para la Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad y que se queda en letra muerta y afecta a todas las personas que viven con alguna discapacidad.
Un caso es el de Estefanía Cisneros, integrante de la Fundación Gran Gente pequeña de México, quien detalló que la primera vez que intentó insertarse en el mundo laboral se enfrentó a la negativa por parte de los empleadores de contratarla por ser una persona de talla baja.
Lamentó que la situación podría ser la misma una vez que concluya su educación superior.
«Saliendo de la preparatoria fui a buscar trabajo y me dijeron que no, porque ‘estaba muy pequeña’ o que sí me podían dar trabajo, pero haciendo otras cosas, con menor salario».
«Las cuotas sí serían un mayor incentivo para que las personas se animaran a trabajar (…) para que no sólo los tengan en trabajos donde no se aproveche sus conocimientos», señaló.
La propuesta pretende incluir la obligación del cupo mínimo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Administración Pública, Alcaldías, Poder Judicial, Comisión de Derechos Humanos, Fiscalía General de Justicia y al Código Fiscal, con el objetivo de que todas las dependencias cumplan con lo indicado desde 2017, incluso el Congreso.
Previendo que la cuota sea simulada por dependencias, es decir, que sólo se destine a personas con discapacidad a trabajos subordinados, tendrían que destinar el 2 por ciento del universo anterior, para ocupar puestos directivos o equivalentes, pues una constante, acusó la legisladora, es que se relega a las personas a puestos para los cuales están sobrecalificados.
«Cuando se les ofrece un trabajo, a pesar de que son personas que tienen maestrías o carreras, se les ofrecen sueldos de alrededor de 5 mil pesos».
«En total, en toda la Administración Pública son mil 500 personas con discapacidad contratadas (…) son muy pocas personas, cuando el universo es de muchas más», resaltó.
La iniciativa también plantea el reconocimiento del teletrabajo como una opción para garantizar la inserción laboral, pues hay personas a las que les es difícil trasladarse, así como el derecho a la desconexión para salvaguardar su salud mental.
En tanto, Estefanía indicó que también se tiene que evolucionar en otros rubros, como el transporte público, que muchas veces no les permite trasladarse con facilidad a los lugares donde llevan a cabo sus actividades y podría representar otro obstáculo al aumentar su participación en el mundo laboral
