El intento del Congreso para prolongar la Presidencia del Ministro Arturo Zaldívar violó el principio de supremacía Constitucional, atentó radicalmente contra la división de podres y buscó afectar la independencia judicial.
Lo anterior resolvió hoy la Suprema Corte de Justicia al anular por unanimidad el artículo transitorio de una ley secundaria, con el que la mayoría de Morena en el Congreso pretendió agregar dos años a la Presidencia de Zaldívar, y a los nombramientos de los seis consejeros de la Judicatura Federal (CJF) en funciones.
Si bien el pasado 6 de agosto Zaldívar renunció a extender su Presidencia, la Corte tenía pendiente resolver acciones de inconstitucionalidad promovidas por las minorías legislativas.
Zaldívar consideró hoy que no estaba impedido para participar y votó en favor de la invalidez, pero se abstuvo de opinar durante la sesión, misma actitud que asumieron dos Ministros nominados a la Corte por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien públicamente apoyó la prolongación de mandato.
Los Ministros que sí hicieron uso de la palabra coincidieron en condenar la maniobra, que Morena y sus aliados ejecutaron de última hora, durante la aprobación de reformas a al Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en abril pasado.
Los Ministros recordaron que los artículos 97 y 100 de la Constitución son categóricos al señalar que el Presidente de la Corte y el CJF sólo puede durar cuatro años en ese puesto, que no puede ser reelecto, y que sólo el Pleno de Ministros puede designarlo, mientras que los consejeros sólo pueden estar cinco años en sus cargos, y tres de ellos son seleccionados por el máximo tribunal.
Por tanto, el transitorio fue un intento de reelección de facto de funcionarios judiciales, impuesta por otro Poder de la Unión.
«Un tribunal es virtuoso si y sólo en la medida en que ejerce su independencia, cuando ésta se ve amenazada. La misión de los tribunales Constitucionales no es complacer a las mayorías políticas en turno, sino hacer valer la Constitución», afirmó, con indignación, la Ministra Norma Piña, jueza federal de carrera.
«En este Pleno se ha hablado, fuerte y claro, de fraude a la Constitución. Qué calificativo se tendría que hacer en este caso, cuando además no se hizo el mas mínimo esfuerzo de dotar a la norma de la apariencia de Constitucionalidad», agregó.
Luis María Aguilar, presidente de la Corte previo a Zaldívar, calificó de «gravísimo» el rompimiento del orden Constitucional en el que incurrió el Congreso, pues los legisladores están obligados a acatar la Carta Magna «sin excusa ni pretexto».
«Nada de que es importante hacerlo de otro modo; nada de que es conveniente eludir la Constitución; nada de que ello ayude a cierta intención política, y menos que es conveniente para la República, » agregó.
Las únicas diferencias fueron de matiz, pues el proyecto del Ministro Fernando Franco, quien en unos días se retira de la Corte, privilegió el estudio de la violación al principio de supremacía Constitucional, por violación directa al texto de los artículos 97 y 100.
El proyecto incluyó un análisis posterior del ataque a la independencia judicial y la separación de Poderes, que algunos Ministros pidieron enfatizar como el tema principal, mientras que otros consideraron innecesario.
La Corte aclaró que el caso no es comparable con el de 2018, cuando el Pleno avaló la prolongación del cargo de Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de al Federación (TEPJF), pues para estos la duración en los puestos no estaba prevista en la Constitución, que dejó al Congreso fijar esos detalles en ley secundaria.
«En este caso, la Constitución contiene reglas expresas para la duración del encargo del Presidente de la Corte y los consejeros de la Judicatura, lo que desatiende, de manera evidente, en décimo tercero transitorio impugnado», dijo Jorge Pardo.
Aguilar, por su parte, citó ampliamente la intervención de Zaldívar cuando éste votó contra la prolongación de nombramientos en el TEPJF.
Piña y Aguilar fueron los únicos que votaron por anular la reforma por violaciones durante el procedimiento legislativo, mientras que Margarita Ríos-Farjat, la otra Ministra designada en este sexenio, no asistió a la sesión.
Al resolver estas acciones, quedó sin materia una consulta que, en respuesta a la lluvia de críticas, el propio Zaldívar planteó al Pleno en junio para pronuciarse sobre el transitorio.
