Una jueza federal declaró hoy en concurso mercantil a la empresa Altán Redes, operadora de la Red Compartida de Telecomunicaciones (RCT).
María Concepción Martín Argumosa, jueza Séptima de Distrito en Materia Civil, notificó la sentencia en la que establece que Altán se encuentra en los supuestos de incumplimiento generalizado de pago que prevé la Ley de Concursos Mercantiles, por lo que consideró fundada la solicitud de protección que presentó la empresa el 14 de julio.
Con esta sentencia, inicia el periodo de un año para conciliar con acreedores y aprobar un convenio para reestructurar pasivos que Altán no ha revelado, pero que pueden superar los 30 mil millones de pesos.
La jueza no publicó su sentencia con detalles de las deudas, pero sí una lista de unos 60 acreedores reconocidos provisionalmente, entre ellos los bancos Interamericano de Desarrollo y de Desarrollo de América Latina, que aportaron 200 millones de dólares para la RCT, y las firmas Huawei y Nokia, socias tecnológicas del proyecto, que sumaron 17 mil millones de pesos.
Otros acreedores, de los que se desconoce el monto de la deuda, incluyen a varias filiales de América Móvil y Grupo Televisa, Total Play, Movistar, AT&T, la constructora ICA-Fluor Daniel, y otras constructoras y empresas especializadas en torres e infraestructura de telecomunicaciones, además de China Development Bank, un banco de desarrollo del gobierno chino.
El Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) tiene tres días para designar al conciliador, que deberá proponer la lista definitiva de graduación y prelación de créditos reconocidos y el convenio.
Altán ganó en el sexenio pasado el concurso de Asociación Público-Privada (APP) para aprovechar la banda de 700 megahertz en el desarrollo de infraestructura para la RCT, que busca llevar internet de alta velocidad y telefonía celular a comunidades de todo el país, pero no vende directamente sus servicios al público, sino sólo a empresas operadoras.
En octubre, la empresa anunció que ya tiene cuatro millones de usuarios finales por medio de operadores móviles virtuales. Previamente, cuando ya había solicitado el concurso, Altán obtuvo un crédito de 50 millones de dólares de sus propios accionistas, que consideró necesario para mantener sus operaciones.
A finales de septiembre, la jueza Martín rechazó una petición de Altán para ordenar el cumplimiento de «todos los contratos, preparatorios o definitivos» pendientes de ejecución.
«La empresa se encuentra en negociaciones positivas con la mayoría de los acreedores para preservar el valor de la compañía, salvaguardar los activos, su operación y los empleos de sus colaboradores, en beneficio de todos sus grupos de interés», afirmó Altán antes de presentar el concurso.
