El Servicio de Administración Tributaria (SAT) contrató a ocho servidores públicos de alto rango que no cubrían el perfil necesario para sus puestos y permitió que 21 de sus colaboradores incumplieran con la política de austeridad del Gobierno federal, detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Un total de ocho servidores públicos ocuparon puestos con nivel de Administradores Generales, Centrales y Administradores sin cumplir con la escolaridad mínima requerida en el perfil de puestos, que establece contar con licenciatura o ingeniería, detectó la ASF.
Agregó en su auditoría sobre la gestión financiera del presupuesto asignado al SAT, que cumplir con el perfil es de suma importancia porque, de conformidad con el «Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera», los elementos básicos de los puestos que integran la estructura de las instituciones se establecen a partir de la descripción, el perfil y valuación.
Por cierto, entre los funcionarios contratados recientemente destacan los casos de Javier Portugal Dorantes y Paloma Rachel Aguilar Correa.
En el caso de Portugal Dorantes, su cargo es de Administrador Central de Servicios al Contribuyente, dos niveles por debajo de la Jefa del SAT.
Es egresado de Ciencias Políticas en la UNAM y anteriormente trabajaba en la ayudantía del Presidente López Obrador.
Respecto a Aguilar Correa, es la Administradora General de Recursos y Servicios, un nivel por debajo de la Jefa del SAT. Dejó el cargo para perseguir la candidatura a gubernatura de San Luis Potosí por Morena.
Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y anteriormente también trabajaba en la ayudantía de la Presidencia.
Pasó de ganar al mes 46 mil 337 pesos netos en la ayudantía a 103 mil 837 pesos en el SAT, sólo 8 mil menos que el Presidente.
También como parte de la auditoría, se revisó la base de datos de las nóminas de sueldos y prestaciones del personal del organismo fiscalizador y se detectó que se realizaron pagos por 4 millones 901 mil pesos a 21 servidores públicos asimilados al Servicio Exterior Mexicano que realizaron labores en el extranjero.
Lo anterior en incumplimiento a lo que estipula el artículo 15 de la Ley Federal de Austeridad Republicana publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de noviembre de 2019.
El artículo señala que «quedan prohibidas las delegaciones de los entes públicos en el extranjero, salvo las correspondientes a las áreas de seguridad nacional e impartición de justicia», mencionó la Auditoría.
Estos trabajadores desempeñaron actividades en países de América Norte, Central y Sur, de la Unión Europea y de Asia Oriental durante 2020.
Adicionalmente, la ASF halló que el organismo fiscalizador realizó pagos en 17 plazas no autorizadas en el Analítico de Plazas y Remuneraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación y tampoco presentó la documentación que justificara los pagos por 47 mil pesos a 2 servidores públicos eventuales con licencia médica sin goce de sueldo ni la documentación que sustentara las cifras reportadas como ejercidas en estas partidas.
