Por Jorge Fernández Menéndez
Los desaparecidos no votan
BUENOS AIRES.— En Argentina una herida que no cierra a 38 años de que concluyera la dictadura militar es la de los desaparecidos. Durante la dictadura que se vivió entre 1976 y 1983 fueron desaparecidas, secuestradas por fuerzas de seguridad, encerradas en campos de concentración y luego asesinadas 30 mil personas, en su mayoría jóvenes obreros, estudiantes, académicos. Una generación fue brutalmente golpeada.
Luego de juicios históricos, amnistías, avances y retrocesos, el más destacable capítulo de los gobiernos kichneristas que han gobernado casi 15 de los últimos 20 años es haber realizado un macroproceso penal que castigó a los mayores responsables de aquellos crímenes de lesa humanidad. Puede haber posiciones diferentes, pero difícilmente hoy algún grupo político puede ignorar aquel drama, para este país, histórico.
El subsecretario Alejandro Encinas confirmó que en México tenemos 94 mil desaparecidos, 24 mil en la administración de López Obrador. En lo que va del sexenio llevamos bastante más de cien mil asesinados. Estamos hablando de nuestro propio drama histórico y no merece más que algunas líneas en el mundo político, sumado a algunos genuinos grupos de la sociedad civil realmente preocupados y ocupados por el tema, como las madres que buscan fosas comunes, permeados a su vez por oportunistas de toda calaña que usan el tema como un simple trampolín político (¿o no Vidulfo Rosales?).
Pero, lo cierto, es que la violencia y las desapariciones no terminan de estar en el centro de la agenda nacional y mucho menos de las preocupaciones del gobierno federal. Morena está volcado a impulsar la consulta de revocación de mandato, pero sin presupuestar para ello un solo peso. Mario Delgado llama a movilizarse para sacar adelante la reforma eléctrica e implícitamente se dice que se arrancará esa reforma desde las calles. Hablamos de cambiar la historia de hace 500 años; van más de mil mañaneras donde un día sí y otro también se opina de todo, se califica y descalifica, pero donde estos temas no pasan de una danza de números sin contextualización y sin programa alguno para atacarlo.
La violencia, las muertes y las desapariciones son parte del fenómeno criminal que sacude al país, pero sobre todo de la lucha que libran los grupos criminales para expandirse y controlar territorios, porque el crimen organizado hoy no sólo es narcotráfico, abarca desde el control de áreas productivas hasta la extorsión, del control de puertos y carreteras hasta el de comunidades enteras.
No tenemos una estrategia para atacar la inseguridad, en realidad lo que tenemos es una no estrategia, una política que lo que busca es contener y no confrontar a los grupos criminales que son los que expolian, matan, desaparecen hombres, mujeres, jovencitas, niños. Dos familias, incluyendo niños, fueron asesinados en Guanajuato el fin de semana, mataron a jefes de policías en dos estados, Guerrero tuvo en pocas horas más de diez asesinados (y la alcaldesa de Acapulco dice que es culpa de los medios porque difunden esos hechos) y en Michoacán 700 integrantes de los Cárteles Unidos (tan criminales como todos los otros) se reúnen públicamente, armados, para definir cómo se van a enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación, y no pasa nada, quizás porque, como dejan trascender los integrantes de esa organización criminal, participaron de esa reunión representantes del gobierno federal y estatal.
Así no se puede combatir a la inseguridad y la delincuencia. Se deben desarticular las redes del crimen organizado utilizando todos los instrumentos del Estado, desde la inteligencia financiera y policial hasta los operativos puntuales y directos contra sus líderes e integrantes. El gobierno federal, que lleva ya más de tres años en el poder, no puede seguir responsabilizando al pasado de todo lo que sucede. El de los desaparecidos, los suyos son ya, en apenas tres años 24 mil, es uno de esos temas en que su responsabilidad no ha sido asumida.
Puede haber casos excepcionales, pero ni antes ni ahora esas desapariciones fueron parte de una política de Estado, no fueron (como ocurrió en Argentina durante la dictadura militar) parte de una política de exterminio ordenada desde el poder. Es más grave quizás: es parte de una lucha entre grupos criminales empoderados, que tienen secuestrado parte del territorio nacional, de sectores productivos a comunidades completas, donde matan, secuestran y desaparecen a quienes no son de los suyos o no se doblegan.
