Por José Buendía Hegewisch
Movilización política vs. enemigos de reformas
Los próximos tiempos estarán dominados por la efervescencia política de un gobierno movilizado para mostrar a enemigos de sus reformas la voluntad “popular” de lucha para empujar la eléctrica y la consulta revocatoria de mandato. La 4T y su coalición anuncian el llamado a la calle como estrategia central para aumentar su potencial de fuerza frente a opositores, poderes o instituciones con que choquen sus proyectos. La convocatoria aumentará la polarización y confrontación con contrapesos o resistencias a sus designios, como ha sucedido, por ejemplo, con el INE o la SCJN en ambos temas.
La movilización como concepto tiene un origen militar. Es la acción que prepara a la población para sostener una guerra y demostrar al adversario el respaldo del “pueblo” decidido a pelear hasta cantar victoria. En términos políticos, la convocatoria a defender las reformas de la 4T en las calles persigue contraponer a sus bases y seguidores a decisiones como detener la reforma eléctrica o las controversias del Congreso y el INE en la Corte por la revocación de mandato. El objetivo político, en este caso, es elevar los costos para quienes obstruyan su camino, incluso de partidos como el PRI, cuyos votos son imprescindibles para aprobar las reformas constitucionales; a la vez que mantener activas a sus bases en un año de alta prioridad electoral, por disputarse siete elecciones estatales y su peso en la sucesión presidencial de 2024.
En este contexto, la movilización, auspiciada desde arriba, por grupos políticos de Morena, y a la que se suman el PT y el Verde y sus gobernadores, se propone tensar la liga para incrementar la fuerza de las reformas y, en caso de no obtener victoria, abrir salidas al juego de vencidas con sus adversarios. El camino, sin embargo, es riesgoso porque el estiramiento de la tensión en el desacuerdo entre instituciones suele derivar en crisis políticas y constitucionales, como podría ocurrir con una controversia del INE en la SCJN o en la intervención de la Corte en el conflicto sobre la consulta del revocatorio, por el recorte presupuestal que aprobó el Poder Legislativo. Todo bajo la presión de la calle.
Los escenarios que configura la movilización política son todos riesgosos. El INE presentará una controversia constitucional ante la Corte por resultarle materialmente imposible convocar y organizar la consulta, a pesar de que está obligado, constitucionalmente, a llevarla a cabo. El contrapunteo con el gobierno, que le exige sacarla adelante con economías internas o sus fideicomisos, es combustible inflamable para calentar el careo del árbitro electoral con el “pueblo” movilizado. Enfrentarán la demanda en la calle de que sus exigencias de recursos son excesivas o de que los consejeros se bajen el sueldo —como repite el discurso presidencial—, aunque ni la suma de todas sus percepciones diera, ni de lejos, para cubrir los 4,000 millones de pesos del costo estimado del ejercicio.
Pero la política de demostración de fuerza desde la calle también se cierne sobre la Corte, que en una eventual controversia constitucional podría fallar contra el Congreso por no dar los recursos suficientes para la consulta u ordenar al INE que la realice de cualquier manera. La confrontación entre instituciones estaría servida si la mayoría de Morena y aliados que aprobaron el recorte desacataran el fallo o, en el otro caso, si el INE tuviera que afectar sus actividades sustantivas para canalizar recursos al revocatorio. Ya el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, ha anticipado que la falta de recursos no es excusa para incumplir obligaciones las instituciones, pero si la consulta fracasa, ¿quién es el responsable?
De la confrontación institucional todos los involucrados saldrán raspados, salvo el gobierno de la 4T. La movilización, acompañada de acarreos, la junta de firmas para la consulta y hasta el auspicio de mítines, no le supone mayores costos, sino los beneficios de la activación de su militancia en una campaña a ras de tierra para proyectar la idea de que el verdadero contrapeso a las reformas es el “pueblo” y no las instituciones. La fuerza de Morena, como dice Mario Delgado, es el “pueblo organizado” y, en este caso, la usa como los generales en las batallas para prepararse para el combate o lograr que las instituciones ondeen la bandera blanca y sus opositores políticos calibren el costo político de enfrentarse con la “voz de la gente”.
