Rosario Robles fue la «líder» de una organización criminal que tuvo como finalidad lavar más de 5 mil millones de pesos desviados desde el erario, a través de 20 convenios generales y 44 convenios específicos del caso denominado la Estafa Maestra, afirma la Fiscalía General de la República (FGR).
En la acusación presentada contra María de la Luz Vargas Vargas, ex directora General Adjunta de Integración de Padrones de la Sedesol, y Luis Antonio Valenciano Zapata, representante de la «facturera» Inmobiliaria Feyrray, la FGR señala a Robles de conformar y operar dicha organización delictiva cuando estuvo al frente de la Sedatu y la Sedesol.
En la misma causa penal se libró una orden de aprehensión contra Robles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero desde octubre de 2020, pero a la fecha no ha sido cumplimentada.
«Durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015 en que María del Rosario Robles Berlanga fungió como Secretaria de Desarrollo Social y del 27 de agosto de 2015 al 30 de noviembre de 2018, en que ostentó el cargo de Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, esta servidora pública se aprovechó de la posición que se le otorgó como titular en ambas Secretarías de Estado, para conformar y operar a una organización criminal, cuyos miembros de manera permanente y reiterada desplegaron conductas tendientes a cometer delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita», acusa.
«Ahora bien, respecto al hecho y esquema que se analiza en el presente… se integró principalmente por la líder María del Rosario Robles Berlanga, en su calidad de Secretaria de Desarrollo Social».
Como en el caso de los científicos y funcionarios del Conacyt, si Robles fuera hallada culpable de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por tener la calidad de líder de una supuesta organización delictiva, la pena máxima sería de hasta 82.5 años de prisión.
Lo anterior, porque la delincuencia organizada prevé una penalidad máxima de 60 años de prisión, mientras que por el delito de lavado el castigo ascendería a 22 años y medio de cárcel, considerando que por ser delitos cometidos como servidor público aumenta la pena hasta en una mitad.
En este asunto, se libraron 11 órdenes de aprehensión, de las cuales hasta el momento 3 han sido ejecutadas. Además de Vargas y Valenciano, está preso y procesado Esteban Cervantes Rodríguez, dueño de Esger Servicios y Construcciones S.A. de C.V.
Los prófugos son Alejandro Vera Jiménez, ex Rector de la Universidad Autónoma de Morelos; Gerardo Ávila, ex secretario de la Rectoría; y Wistano Orozco, ex director de Empresas y Servicios de dicha universidad.
También, Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de Delegaciones de la Sedesol; José Antolino Orozco, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; y María del Carmen Gutiérrez, directora del Área de Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol, además de Gianni Obed Hernández, apoderado de Grupo Industrial y Servicios Yafed, respectivamente
