Los coordinadores parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Acción Nacional que conforman la coalición legislativa “Va por México” anunciaron que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia Constitucioal contra el Decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación por el que el Ejecutivo declara la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno Federal como “asuntos de interés público y seguridad nacional”.
En conferencia de prensa, Luis E. Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD sostuvo que el bloque va unido en esta Controversia tras subrayar que “no se puede combatir la ilegalidad con algo que no está apegado a la Constitución. Creemos que nos asiste la razón constitucional jurídica para que eso no suceda”.
Destacó que se está revisando el proceso a seguir tal como se hizo con el tema de la Revocación de Mandato (también impugnada el 14 de octubre pasado), de manera que se cuente con un argumento jurídicamente sólido.
Es preocupante – indicó – que se siga con la concentración de las decisiones en un solo hombre… El decretazo de ayer es una reacción del Presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que durante la discusión del Presupuesto de Egresos, el bloque PAN-PRD- PRI pusimos en evidencia a dónde va a parar el dinero de los mexicanos: “El mayor egreso no son siquiera los programas sociales, sino el Tren Maya”, recalcó.
“La mayor salida de dinero del Estado Mexicano es el Tren Maya y ahora pretenden blindarlo, opacarlo -hay que decirlo con toda claridad- con un decreto que viola la Constitución. Va en facultades metaconstitucionales que a cualquiera debería preocupar porque se trata de la acumulación de todo el poder en un solo hombre y por supuesto que es peligroso para la democracia de cualquier país”, resaltó.
Por su parte, el líder parlamentario de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, sostuvo que preocupa la dudosa constitucionalidad del decreto “de interés público y seguridad nacional” sobre las obras del gobierno federal, porque, subrayó, creemos que no existen esas facultades y no se le informó al Presidente del soporte legal de las mismas.
Tras su publicación en el Diario Oficial, en una edición vespertina del día de ayer, Moreira Valdez aseguró que esto solo muestra la concentración importante de decisiones y oculta los temas de transparencia. No hay una necesidad manifiesta de hacer este tipo de acuerdos, señaló, ni un clima que amerite la designación de obras con carácter de seguridad nacional.
Después de aseverar que falta una explicación clara a México, a las oposiciones, del por qué se tomó esta determinación, puntualizó que la consecuencia que tendrá esto, es que no se sepa si alguien se inconforma por alguna obra, a lo cual podría recurrir una comunidad indígena; si se violan algunos derechos agrarios o algunos derechos del patrimonio cultural, lo que solo llevará a que nadie se oponga porque serán rechazados los recursos, juicios de amparo o cualquier otro mecanismo legal que se presente.
Durante su intervención, el coordinador blanquiazul, Jorge Romero, señaló como inaudito el decreto presidencial, mismo que opaca el acceso a la información de las obras prioritarias para López Obrador.
“Esto es un atentado absoluto a la garantía que tenemos, al derecho humano que tenemos las mexicanas y los mexicanos a la transparencia”.
“Estos son los nuevos segundos pisos de Andrés Manuel, así de simple, es la réplica de lo que hizo cuando fue jefe de Gobierno, ahora como Presidente de un tema tan delicado como es la seguridad nacional”
Romero Herrera aseguró que la coalición “Va por México” no se quedará con las manos cruzadas y defenderán el derecho constitucional que tenemos todas y todos los mexicanos al acceso a la información.
“Esto que resuelve el Presidente mediante un decreto, al que le estamos llamando el “decretazo” y que le decimos no al “decretazo” como coalición opositora Va por México; primero, demuestra cada vez menos contenido talante autoritario del Presidente en este país, es otra vez por decreto, es decir, de manera unilateral, determinar cosas que son flagrantemente inconstitucionales, flagrantemente ilegales”
