Al dar un trato discriminatorio a proyectos privados frente a aquellos calificados como prioritarios o de seguridad nacional para el Gobierno, los reguladores darán pie a demandas internacionales, consideraron expertos.
Las tareas de los reguladores como el IFT, Cofece o la CRE se verán impactadas por el decreto presidencial sobre obras públicas en el otorgamiento de concesiones, permisos o cualquier tipo de autorización.
Claudio Rodríguez Galán, socio de Holland & Knight, consideró que el decreto no determina si el proyecto gubernamental debe cumplir con los requisitos que el regulador solicita a particulares, lo que en sí mismo representa un trato inequitativo.
«No dice si el proyecto tiene que cumplir o no con los requisitos que el regulador le daría a otros. Es un trato inequitativo conforme a los tratados de libre comercio», explicó Rodríguez Galán.
El lunes, el Ejecutivo emitió un decreto para considerar como de seguridad nacional, prioritarios y estratégicos todos los proyectos y obras de su Gobierno en sectores como infraestructura, telecomunicaciones y energía.
«Existen reglas claras en los acuerdos comerciales suscritos por México que atienden este tipo de cuestiones por lo que de afectarse con estas designaciones intereses de particulares no se pueden descartar posibles juicios de amparo y reclamos internacionales de nuestros socios comerciales», consideró Carlos Véjar, socio de la Práctica de Comercio Internacional y de Arbitraje de HK México.
En este sentido, pidió que la aplicación del decreto sea limitada para evitar afectaciones a los proyectos y al Estado.
