Tras el amago de Morena de destituir a David Colmenares, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) canceló las auditorías a la Cámara de Diputados y sólo presentó resultados sobre el Senado en la revisión a la Cuenta Pública de 2020.
Iniciadas desde 2002, las auditorías al dinero de la Cámara de Diputados han llegado a cancelarse por razones menores, pero una ausencia de revisión de cuentas no había ocurrido en medio de una circunstancia de presión política como ahora.
Esto coloca a la Cámara de Diputados en una situación inédita y de excepción, pues se convirtió en un ente sin vigilancia en el ejercicio del gasto federal, sin explicación ni fundamento por la decisión tomada.
Si bien hay un contralor interno, Jorge Torres Castillo, propuesto por Morena, sus auditorías permanecen en secrecía y sólo las conocen los coordinadores parlamentarios y funcionarios administrativos, también propuestos por ese partido.
De esta forma, no se ha realizado una revisión a fondo a la administración que Morena ha ejercido en la Cámara de Diputados desde que logró la mayoría legislativa en la 64 Legislatura.
En 2020, la Cámara baja ejerció 7 mil 76 millones de pesos, pero tampoco se han revisado 8 mil 332 millones de 2021, y los 8 mil 45 millones, presupuestados para este año, para sumar un total de 23 mil 453 millones de pesos sin auditar.
De 2019 a 2022, la mayoría morenista ha sido responsable de administrar 30 mil 211 millones de pesos del Presupuesto de Egresos federal.
La cancelación de auditorías en San Lázaro coincidió con el episodio registrado el 1 de marzo de 2021, cuando se presionó a Colmenares.
Tras el enojo presidencial por los reportes del costo elevado de la cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, diputados de Morena -incluido el coordinador Ignacio Mier- cuestionaron al auditor y amagaron con promover su destitución, por los supuestos errores en los cálculos realizados.
«Por estas faltas tan graves en cualquier lugar del mundo el titular de una dependencia estaría presentando su renuncia, por ética y honorabilidad», afirmó el entonces diputado Marco Antonio Andrade, quien pidió una investigación a Colmenares y dijo que, si era el caso, se iniciara el proceso de remoción.
El amago se realizó cuando ya se realizaban las auditorías a la Cámara baja sobre el ejercicio de 2020, pero el pasado 20 de febrero no se presentaron resultados de la revisión.
