La Suprema Corte de Justicia discutirá el 6 de abril un proyecto que cancela la autorización ambiental para la inversión privada más grande en la historia de Sinaloa, y una de las más importantes del sexenio.
Se trata de la planta de amoniaco para el Complejo Petroquímico de Topolobampo, Sinaloa, que implica una inversión inicial de mil 250 millones de dólares que llegará a 5 mil millones en diez años, y busca producir en México los fertilizantes que actualmente se tienen que importar.
La Segunda Sala de la Corte analizará confirmar el amparo concedido en febrero de 2021 por un juez federal de Los Mochis en favor de la comunidad pesquera Mayo Yorembe de Lázaro Cárdenas, municipio de Ahome, por falta de consulta a pueblos indígenas, que debe realizarse previo a la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la planta de amoniaco en 2014, con ciertas condiciones que debe cumplir la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio suizo Proman.
El proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayan, que sólo requiere dos votos adicionales para ser aprobado, rechaza o declara insuficientes los argumentos de Semarnat para defender su oficio de 2014.
De ser confirmado el amparo, quedarán sin efectos tanto la MIA original, como cualquier ampliación posterior.
La Semarnat tendrá que coordinarse con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para celebrar una consulta con todas las comunidades indígenas dentro del área de impacto del proyecto, no sólo con Lázaro Cárdenas, lo que tomaría varios meses.
GPO lleva años insistiendo en que la planta será segura, generará 2 mil 500 empleos iniciales, y beneficiará a agricultores de diez estados.
Por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno federal realizó una consulta popular noviembre pasado, en la que una amplia mayoría de los votantes de la región apoyaron la planta, pero eso no subsana la falta de consulta indígena.
«El hecho de que la MIA haya arrojado un resultado de viabilidad del proyecto de la planta de amoniaco, en forma alguna exime a las autoridades competentes de realizar una consulta previa, libre e informada», dice el proyecto que verá en la Corte.
Lázaro Cárdenas está frente al sitio de la planta, pero del otro lado de la bahía, a unos siete kilómetros de distancia, y los quejosos alegan que hay riesgos de fugas de gas natural y amoniaco.
La Corte lleva años frenando o cancelando proyectos de inversión por falta de consulta a indígenas, figura prevista en la Constitución desde 2001, que nunca ha sido reglamentada por el Congreso.
