El Gobierno de Daniel Ortega expulsó de Nicaragua al delegado residente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Thomas Ess, cuya entidad humanitaria permitía a familiares conocer la situación de salud de sus parientes presos.
«El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma que recibió una carta en la que el Gobierno de Nicaragua notifica que decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua», confirmó María Cristina Rivera, coordinadora de comunicaciones de la Cruz Roja para México y América Central, a pregunta de AFP.
Un retiro de beneplácito implica la salida del país del funcionario, quien ya ha abandonado Nicaragua.
«No conocemos las razones de esta decisión que nos tomó por sorpresa. Pese a esta situación, el CICR ratifica su compromiso de continuar su labor humanitaria en Nicaragua, apegada a sus principios de neutralidad, imparcialidad e independencia», explicó Rivera.
Primero el nuncio
La expulsión del delegado del CICR ocurre días después de una decisión similar tomada contra el representante del Vaticano en Managua, Waldemar Stanislaw Sommertag, «imponiéndole que dejara inmediatamente el país», hecho que la Santa Sede calificó de «grave».
El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el Obispo Carlos Herrera, dijo en ese momento que las relaciones entre Sommertag y el Gobierno de Daniel Ortega «no eran buenas».
Sucede también un día después de que el representante permanente de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, tildara de «dictadura» al Gobierno de Ortega y denunciara las malas condiciones carcelarias en las que se encuentran decenas de «presos políticos» en su país.
El año pasado fueron detenidos más de 40 críticos al Gobierno, incluidos siete potenciales rivales electorales de Ortega, quien ganó las presidenciales de noviembre para un cuarto mandato consecutivo.
Los detenidos, la mayoría en una cárcel policial de Managua conocida como El Chipote, están acusados de «menoscabar la soberanía nacional».
La expulsión del delegado del CICR se concreta también una semana después de que el jefe para México y América Central de ese organismo, Jordi Raich, fuera condecorado por el Gobierno de Ortega al término de su misión en la región.
Preocupa expulsión
Familiares de los opositores presos habían denunciado recientemente que el Gobierno negó al CICR ingresar a la prisión para constatar el estado de salud de los detenidos.
La Asociación de Familiares de Presos Políticos condenó la expulsión de Ess y valoró el apoyo de la institución que lideró, la cual «ha tenido un papel importante» para los presos y sus familiares, «haciendo coordinaciones» para «constatar la situación de salud dentro de las cárceles».
La ONG señaló, que ante la falta de información de las autoridades sobre sus parientes detenidos, era a través del CICR que tenían «noticias específicas» sobre sus necesidades médicas.
Para la presidenta del independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, es «preocupante» la medida del Gobierno contra el delegado del CICR.
Uno de los detenidos, el ex guerrillero Hugo Torres, murió en un hospital tras pasar varios meses en prisión.
«Esperamos que el CICR supere esa situación, reponga a su funcionario y siga sus funciones de vigilancia, transmitiéndole al Gobierno situaciones graves dentro de la cárcel», planteó Núñez.
Para Juan Pappier, investigador para las Américas de la ONG Human Rights Watch, la expulsión del representante de la Cruz Roja es «una demostración irrefutable de que el régimen tiene cero tolerancia con cualquier escrutinio internacional en materia de derechos humanos».
«El CICR siempre ha trabajado muy cerca con nosotros haciendo todos los intentos posibles para atender y corroborar nuestros llamados sobre la salud de nuestros familiares presos», dijo Olama Hurtado, sobrina del ex aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, condenado a 13 años de prisión.
El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización humanitaria neutral y llegó a Nicaragua en 2018. En aquel momento constató la situación de los cientos de detenidos tras protestas contra el Gobierno de Ortega, en medio de una crisis política que aún persiste.
Tras una negociación en la que participaron Sommertag y la OEA, en 2019 se otorgó una amnistía y decenas de ellos fueron liberados. El CICR acompañó el proceso como parte de su labor humanitaria en el país.
