Las bancadas opositoras en el Senado elaboran un escrito para solicitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, que la Ministra Loretta Ortiz se excuse de participar en los temas relacionados con la reforma eléctrica por incurrir en un presumible conflicto de interés.
El alegato fundamental del documento que preparan las bancadas del PAN, PRI y PRD es que, como diputada del PT, Ortiz votó en contra de la reforma energética que a finales de 2013 impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto.
Trascendió que la senadora priista Claudia Ruiz Massieu propuso a sus pares del PAN, PRD y MC participar de la redacción del escrito con la solicitud para que la Ministra Ortiz se excuse.
Correspondió a Ortiz elaborar un proyecto con el que propone a sus pares avalar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobada por el Congreso de la Unión en marzo de 2021 para fortalecer el monopolio de la CFE en el despacho de energía sobre los privados.
El pleno de la Suprema Corte discutirá el proyecto de la Ministra Ortiz el 5 de abril; de ser aprobado, de facto se daría un espaldarazo a la reforma constitucional cuyo proceso de dictaminación se abrirá la próxima semana en San Lázaro.
Votó Ortiz contra reforma en 2013; revisa constitucionalidad
Como diputada federal del PT-Morena, la actual Ministra de la Corte, Loretta Ortiz, votó en contra de la legislación que ahora está en revisión.
Como legisladora en la 62 Legislatura, el 11 de diciembre de 2013 sufragó en contra de dictámenes de reforma constitucional en materia energética aprobados entonces.
El lunes 28 de julio de 2014, al participar en un foro, argumentó en contra de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
«Es una legislación que vulnera derechos fundamentales, que pone a los nacionales mexicanos, a los mexicanos y mexicanas a la merced de la depredación de empresas transnacionales o empresas extranjeras o nacionales sin que exista la rectoría del Estado. Como prueba de un botón, el artículo 37 del dictamen señala que estarán sujetas las tarifas a las reglas del mercado y no se establece ningún mecanismo de protección por parte precisamente de los usuarios, para que puedan en su momento poder presentar un procedimiento de ajuste a la tarifa», dijo entonces.
Grupo REFORMA reveló que Ortiz es la ponente de las controversias presentadas contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica aprobadas por Morena el año pasado, cuyo proyecto plantea desechar los reclamos y avalar la legislación que impulsa el Gobierno federal que favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía, frente a la producida por particulares.
Conocer del caso
El jurista Diego Valadés consideró que la Ministra Loretta Ortiz no está impedida para participar en la discusión en la Corte de la Ley de Energía Eléctrica, pues de haber algún impedimento por haber sido legisladora, tal señalamiento estaría en la Constitución, incluso para ser Ministra, lo cual no es así.
«Estimo que si haber formado parte del Congreso fuera un impedimento para juzgar, la Constitución habría establecido que esa condición sería un impedimento para ser elegido ministro de la Corte en cualquier tiempo».
«En este sentido, el artículo 95 indica que quien fue diputado no puede ser designado sino después de un año de haber dejado el Congreso. En conclusión, considero que la Ministra Ortiz no está impedida para conocer el caso relacionado con la reforma en materia eléctrica», señaló el constitucionalista.
Consultado si con base al artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, estaría impedida o no a participar en el debate sobre la Ley de la Industria Eléctrica, dado que en 2013 como diputada votó en contra de la reforma eléctrica, Valadés dijo que no está impedida.
«El artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé 17 hipótesis de impedimento para los integrantes de la Suprema Corte, entre las que no incluye una situación como la que corresponde a la Ministra Loretta Ortiz», expresó el también ex Ministro.
«En esencia, se trata de casos en los que pudiera inferirse que hay un interés específico del juzgador con relación al asunto acerca del que debe pronunciarse».
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM precisó que la fracción XVIII deja abierta la posibilidad de otras causales.
«Cualquier otra análoga a las anteriores, pero en mi opinión haber participado como legisladora no da lugar a que se considere que es algo ‘análogo’ a lo previsto por el resto del precepto», indicó.
