La Administración del Presidente Joe Biden anunció ayer que el 23 de mayo terminarán las expulsiones sumarias de indocumentados en la frontera con México implementadas por la pandemia de Covid-19.
Con este anuncio, las autoridades estadounidenses se preparan para un incremento de llegadas de migrantes, de los 5 mil diarios que hubo en febrero a cerca de 18 mil.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS, en inglés), la expectativa es que traficantes lleven más migrantes a la frontera, aprovechando el anuncio de la eliminación de las expulsiones que se impusieron en la Administración Trump bajo el Título 42 de la Ley de Salud Pública de 1944.
«Hemos implementado una estrategia integral de todo el Gobierno para gestionar cualquier aumento potencial en la cantidad de migrantes que se encuentran en nuestra frontera», dijo el Secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas.
Al hacer pública su decisión, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) aseguraron que la decisión de ya no implementar las expulsiones bajo el Título 42 estuvo basada en la situación actual de la pandemia y que hay mayor acceso a vacunas y medicinas para enfrentarla.
Desde su implementación en marzo de 2020, Estados Unidos ha registrado un millón 700 mil expulsiones en la frontera con México, aunque, según los expertos, al menos una tercera parte representan intentos de cruce hechos por la misma persona.
Esta semana, funcionarios de la Administración Biden habían adelantado a reporteros que estaban visualizando escenarios fronterizos para el día de levantamiento de las restricciones bajo el Título 42 y el peor de ellos contemplaba las 18 mil personas llegando a diario.
Ante esta situación, el Secretario Mayorkas aseguró ayer que el Gobierno estadounidense ya había desplegado a 600 agentes en la frontera con México y había incrementado su capacidad para procesar solicitudes de asilo, remoción, transporte, albergue y procesamiento en casos criminales.
Biden había enfrentado críticas de grupos pro-migrantes y de buena parte del Partido Demócrata por no acabar con la aplicación del Título 42.
