Con el voto en contra de la Oposición, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó la opinión en sentido favorable a la propuesta de reforma eléctrica del Ejecutivo federal y a la iniciativa de priista Carolina Viggiano para reconocer en la Constitución el derecho a la energía eléctrica.
La opinión fue avalada con 17 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, 14 en contra de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano y cero abstenciones.
Diputados de Oposición indicaron que el voto en contra de la opinión positiva a la propuesta de Viggiano, actual candidata de la coalición Va Por México al Gobierno de Hidalgo, se debió a que ésta fue incluida en el mismo documento en el que la Comisión de Medio Ambiente se pronunció a favor de la iniciativa eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Luego de los cuestionamientos de los que ha sido objeto tras la presentación de iniciativas de diputados que secundan la propuesta del Ejecutivo federal, el PRI anunció su voto en contra y reprochó a la Comisión de Medio Ambiente la confusión generada por juntar las iniciativas.
La incorporación de la propuesta de Viggiano en el dictamen de reforma eléctrica era leída como la posibilidad de que algunos diputados del tricolor votaran a favor de la iniciativa presidencial, por lo que ésta podría lograr la mayoría calificada que se requiere para modificar la Constitución.
La priista Melissa Vargas expresó su preocupación porque se hubieran juntado ambas iniciativas y aseguró que la presentada por Viggiano nada tiene que ver con la del Ejecutivo federal.
Vargas argumentó que el voto en contra de su bancada se debe a que la propuesta presidencial impide la transición energética que necesita el País y pone en riesgo nuevas inversiones y las que ya están operando en energía limpia.
Esto, indicó, privilegia la energía sucia, aunado a que la propuesta no cuenta con diagnósticos ambientales y sociales y tampoco sobre el riesgo que implica que el Gobierno pretenda actuar como único rector y, más aún, que con interpretaciones legales pretenda adquirir derechos sobre el Sol y el viento.
«Esta iniciativa presenta un modelo agotado de generación de energía al regresar a los años 60 y los problemas no se resolverían, al contrario, empeorarían», afirmó.
El también priista Mariano González acusó un atropello a las formas, ya que la iniciativa de Viggiano fue incluida en la misma opinión del Ejecutivo federal, lo que provocó confusiones al generar la idea de que la propuesta de la priista sería incluida en la iniciativa del Presidente.
«Si ustedes van a usar la mayoría para llevar la iniciativa del Ejecutivo al Pleno, adelante, pero el PRI está en contra del atropello», reiteró.
El panista Héctor Castillo señaló que la propuesta del Presidente incumple compromisos internacionales y como ejemplo señaló que otros países, incluidos socios comerciales, ven una alerta en México por lo que podría pasar en términos de cambio climático.
Castillo advirtió que el Gobierno actual no está comprometido con el medio ambiente, y una muestra de ello son sus proyectos emblemáticos, que tienen graves problemas en esta materia.
El legislador acusó también que en la opinión no se ven reflejadas las posturas de los ambientalistas y expertos que participaron en el Parlamento Abierto convocado por la Cámara de Diputados para analizar la propuesta presidencial.
La perredista Edna Díaz lamentó que la opinión sobre la propuesta oficial insista en que México está en el momento de redefinir su descentralización energética, pero no aporta argumentos distintos o una respuesta clara y viable en materia de suministro de insumos y bienes energéticos requeridos para el desarrollo productivo y social del País de forma eficiente, sustentable e incluyente.
La morenista Esther Martínez reiteró que la mayoría de los mexicanos advirtieron los riesgos de la reforma energética de 2013 por tratarse de una modificación regresiva.
La legisladora afirmó que lejos de velar por los intereses de la Nación, legalizó el despojo de los recursos naturales al generar la suscripción de contratos ventajosos y aceleró el debilitamiento de la CFE.
«La legislación en materia eléctrica es insostenible y la iniciativa del Ejecutivo busca poner fin a la corrupción y el saqueo al amparo de la reforma de 2013», insistió.
