El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se quedará callado ante «aberraciones» luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la prohibición a los altos funcionarios federales para laborar en empresas privadas durante los 10 años siguientes a su encargo en el sector público.
«Es una aberración», reprochó.
«¿Cómo es posible que se regrese a lo de antes?, ¿y qué era lo de antes?, bueno, la vergüenza nacional de que el que privatiza los ferrocarriles, el que acaba con una historia de siglo y medio de ferrocarriles nacionales, Ernesto Zedillo, se va a trabajar de asesor a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles y (Felipe) Calderón hace lo mismo, ayuda a Iberdrola, empresa monopólica particular que controla la electricidad en España».
Este lunes el Pleno de la Corte invalidó por unanimidad el candado impulsado por López Obrador, el cual está incluido en la Ley Federal de Austeridad Republicana, vigente desde noviembre de 2019.
«Entonces cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana porque en nuestra Ley de Austeridad se estableció que un funcionario, una vez que dejó su empleo, no se podía ir a una empresa vinculada a su labor anterior, así es el Banco de México, todos los que pasan por ahí terminan en la banca privada, o salen de la banca privada al Banco de México, una mezcolanza.
«Una moral promiscuidad política-administrativa, no estoy de acuerdo con eso, hay que buscar la forma, yo no me voy a quedar callado ante esas aberraciones, nos prendieron con esas prácticas, entonces vamos a continuar».
La Cámara de Diputados había aprobado un candado de cinco años, pero el Senado incrementó el plazo a los diez años que el Presidente había planteado en su iniciativa de ley, lo que fue impugnado ante la Corte por senadores de Oposición.
La Corte consideró que el objetivo de la norma es válido, porque se busca evitar que funcionarios favorezcan a empresas a las que regulan a cambio de obtener posteriormente empleos u otros beneficios.
Sin embargo, se determinó que el periodo de 10 años es excesivo, que afecta de manera desproporcionada el derecho humano de libertad de trabajo, y que su utilidad para combatir la corrupción no fue justificada por el Congreso.
