Con mil 945 ataques a periodistas en los tres años del actual sexenio, 33 asesinatos y 2 desaparecidos, la violencia contra la prensa en México es una tragedia a la que el Gobierno parece haberse resignado y que incluso fomenta, acusó el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el colombiano Pedro Vaca Villarreal.
«La violencia contra la prensa en México es una tragedia sostenida, y por lo tanto normalizada.
«En el último tiempo, la reacción institucional parece estar resignándose a ver la violencia contra la prensa no como un fenómeno a erradicar, sino como una situación con la que se debe de convivir», aseveró durante la presentación del informe anual de la organización Artículo 19 sobre libertad de expresión en México.
El representante de la CIDH comentó vía zoom el informe titulado «Negación», el cual documenta que en los primeros tres años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 85 por ciento más ataques contra la prensa en comparación con el mismo periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Del total de agresiones en dicho periodo, 274, o el 42.5 por ciento, fueron ejecutadas por autoridades del Gobierno mexicano, 21.31 por ciento por particulares, 9.1 por partidos políticos y sólo 6.5 por la delincuencia organizada, según el estudio. Es decir, funcionario públicos están directamente vinculadas a dos de cada cinco ataques contra la prensa.
Para Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, lo más grave es que estas agresiones son fomentadas desde la conferencia mañanera del Presidente López Obrador.
«La narrativa oficial de la estigmatización se ha ampliado para señalar a voces disidentes», sostuvo desde el Museo Interactivo de Economía (Mide).
El informe, agregó, se titula «Negación» por la capacidad de López Obrador para negar la realidad, pues según el propio Mandatario ya no existe corrupción, violencia, impunidad o ataques a la libertad de expresión.
Maldonado expuso que esta negación se traduce en desinformación oficial, estigmatización pública de la prensa, discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, engaños en el sistema de transparencia, violencia contra los periodistas, brecha digital y violaciones a los derechos humanos.
Artículo 19 documentó en 2021 al menos 71 denostaciones contra la prensa en las conferencias mañaneras, con lo cual se creó un «efecto cascada», pues hubo 46 casos relacionados en los que actores privados y públicos utilizaron los mismos insultos del Presidente -«fifís», «chayoteros», «vendidos»-, al tiempo que detectó al menos 62 campañas de desprestigio y 17 estigmatización por medio de la comunicación oficial.
El estudio también afirma que el 40 por ciento de los dichos de López Obrador expresados durante sus conferencias son falsos, y que de 30 solicitudes de información realizadas mediante la Ley de Transparencia sobre esas afirmaciones, en el 50 por ciento, la Presidencia se declaró incompetente de responder, en el 27 por ciento no localizó la información supuestamente verdadera y en 3 por ciento la declaró inexistente.
El relator de la CIDH recordó que desde hace tiempo plantearon al Gobierno mexicano suspender la sección de la mañana sobre las supuestas mentiras de la prensa, pues va mucho más allá de la réplica oficial, al buscar el control gubernamental sobre la prensa, lo que es incompatible con la democracia.
«Cuanto más tarden en hacerse públicos su alcance, su metodología, sus criterios de análisis de contenidos y su operación, más dudas se generan sobre si es un espacio de réplica o una instancia de auditoría gubernamental y selectiva a la labor periodística, y es importante hacer esta distinción, porque mientras lo primero -el derecho a la réplica- tiene resguardo en el derecho internacional, la auditoría gubernamental de contenidos es en extremo preocupante», apuntó Vaca Villarreal.
