El Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente (Peruvi) debe ser supervisado o puede terminar como la Norma 26, que también buscaba resolver la escasez de vivienda popular, planteó el Colegio de Arquitectos de Ciudad de México.
“Es acertado impulsar la vivienda social, de bajo costo, en zonas céntricas de la Ciudad, pero hay que revisar que las reglas de operación se cuiden para que no se pervierta, como sucedió con la Norma 26.
“La Norma 26, que eventualmente acabó siendo cancelada y restringida, también tenía techos de costo de venta, que el Peruvi pone ahora en 1.4 millones de pesos por vivienda”, explicó el presidente del organismo, Honorato Carrasco.
Esta regulación solo puede ser promovida ahora por el Instituto de Vivienda (Invi) y organismos sociales, en tanto que dejó de ser aplicable para proyectos privados, señaló el experto, quien mañana realizará un foro con desarrolladores sobre el tema.
“El problema fue que estos techos de la Norma 26 no encontraron operación real, en muchos casos el desarrollador o el vendedor hallaron fórmulas para brincarse esos topes”, señaló.
Indicó que eso perjudicó y pervirtió la regulación que era similar al Peruvi, que busca ofrecer vivienda a población creciente con actividad económica.
“La intención es promover ahora estos proyectos en siete zonas con infraestructura, buenos servicios de agua y movilidad, en el centro y norte de la Ciudad”, apuntó.
Sin embargo, resaltó que deja fuera a otras áreas con servicios en Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco, en donde deberían extenderse.
Las nuevas disposiciones deben alinearse con los programas de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que apenas serán sometidos a consulta pública por el Instituto de Planeación, señaló.
“El programa otorga facilidades para impulsar la economía, sin embargo, también impacta al desarrollo de la Ciudad, en plusvalías o en el derecho al agua, que idealmente deberían partir de la planeación.
“Existe doble presencia de instrumentos con estas medidas emergentes, que generan tomas de decisiones respecto al desarrollo urbano”, destacó.
Subrayó que era necesario emitir las modificaciones del 22 de marzo pasado para reactivar la industria de la construcción.
Los cambios respecto del primer Programa de Regeneración Urbana, presentado en febrero de 2020, incluyeron reducir de 30 a 20 por ciento las viviendas incluyentes, actualizar el costo por departamento de 800 mil a 1.4 millones de pesos y ampliar las zonas aplicables.
