Los carteles y anuncios pro AMLO en el Metro fueron pagados por una proveedora del Gobierno de la CDMX, de alcaldías gobernadas por Morena y del Gobierno federal.
Luz Alicia Ramos Pineda, apoderada legal de GP Construcciones, que ha firmado al menos 25 contratos con los gobiernos de Morena, pagó 473 mil pesos para que los anuncios se exhibieran del 18 de marzo al 6 de abril.
Mientras que el monto de los contratos que ha obtenido de 2019 a la fecha suman al menos 63 millones de pesos.
En una investigación previa del INE, Ramos había asegurado que la publicidad en favor de la consulta de revocación fue iniciativa propia y que no tenía vínculos con Morena o con quienes promueven el ejercicio.
El INE sólo confirmó que no militaba en partido alguno y cerró la indagatoria.
Sin embargo, REFORMA comprobó que si bien no tiene vínculo político, sí lo tiene de negocios con los gobiernos de Morena.
De acuerdo con información pública disponible, de 2018 a la fecha esta empresa ha celebrado cuatro contratos con el Ayuntamiento de Tecomán, en Colima; seis con el Gobierno federal; 14 con las anteriores administraciones de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc; y 10 más con la actual Secretaría de Obras (Sobse) del Gobierno de Claudia Sheinbaum.
Todos han sido para dar mantenimiento y limpieza a vialidades, conservación de camellones y trabajos de alumbrado público.
El 23 de abril de 2019, por ejemplo, la Sobse y GP Construcciones firmaron el contrato DRMAS/079/29 para hasta 69 servicios de cuadrilla de mantenimiento, por hasta un millón 721 mil 980 pesos. Por parte del Gobierno de la CDMX lo rubricó el director de Recursos Materiales y, por la empresa, Luz Alicia Ramos Pineda, apoderada legal.
Durante 2019, GP Construcciones firmó tres contratos con Obras por un monto total de hasta 8 millones 433 mil 674 pesos; en 2020 fue sólo uno, por 3 millones 238 mil 570 pesos; mientras que el año pasado fueron seis, por un total de hasta 51 millones 417 mil 957 pesos.
Carolina del Ángel, especialista de la UNAM en Justicia y Derecho Electoral, consideró urgente revisar la legalidad, posibles conflictos de intereses de la contratante de los anuncios, además de fiscalizar dicha promoción.
«Algo debe estar ahí disfrazado y, definitivo, no hay forma de que sea ético», aseguró la también consejera electoral.
«De entrada porque estamos hablando de un proceso de democracia en el que cualquier peso debe ser reportado, fiscalizado y regulado».
