Un mes después del 8M, la violencia en las agresiones de la policía contra grupos feministas se ha intensificado, coincidieron activistas.
Es el caso de Linda, acusada sin pruebas de robo con violencia durante una manifestación en 2020 y quien el domingo fue atacada por seis policías durante una protesta en Chimalhuacán, Estado de México. La agresión le provocó la fractura de un brazo.
Contó que se encontraba con alrededor de 21 mujeres frente al Centro de Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de ese Municipio.
Se habían reunido para exigir una investigación el caso de Irene, activista que días antes había sido retenida y golpeada por elementos de la Policía Municipal, como parte del hostigamiento que ejercen contra ella por denunciar la violación de su hija a manos de dos policías de la misma corporación.
Mientras acampaban, cerca de 300 agentes, algunos uniformados y con armas largas y otros vestidos de civil, llegaron a atacarlas con tubos, palos y gas pimienta.
“Están siendo más agresivos (las autoridades). Me fracturaron el brazo en Chimalhuacán, necesito cirugía y fue la misma Policía la que me fracturó, me golpearon entre varios policías hombres, me tiraron al suelo, me patearon y me agarraron a palazos, entonces la represión no se ha modificado”, aseguró.
“Hay mucha violencia contra nosotras las feministas”.
Este tipo de acciones, consideró Linda, demuestra que las autoridades no han modificado su perspectiva sobre las protestas feministas, sino todo lo contrario.
Subrayó que la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX) mantiene la acusación en su contra por el presunto delito de robo a negocio, carpeta que aún no se ha judicializado.
Nadia Sánchez, activista, acusó que las instituciones públicas siguen sin ser capaces de ofrecer justicia a las víctimas.
“Las mujeres estamos unidas, más que nunca, pero las autoridades nos siguen usando como estandarte, siguen invisibilizando que la violencia contra las mujeres es un tema de salud pública y proteger a los agresores”, dijo.
Luego de las marchas del 8M, ha sufrido omisiones de las autoridades en uno de los procesos legales que lleva contra su agresor lo que provocó que uno se retrasara un mes más.
Esto ha significado mayor desgaste físico y emocional, en un proceso que se ha extendido a lo largo de 800 diligencias.
“Si yo no estuviera tan presente, encima del Ministerio Publico, de los policías (para que hicieran su trabajo), no estaría viva”, afirmó.
