El INE ordenó a 18 funcionarios federales y locales, entre ellos la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el Vocero presidencial, Jesús Ramírez, frenar el proselitismo que realizan a favor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de asistir a un acto masivo en el Movimiento a la Revolución.
La medida también aplica para el líder nacional de Morena, Mario Delgado, quien ha omitido la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre que los partidos políticos no pueden intervenir en el proceso de revocación de mandato.
La Comisión de Quejas del órgano electoral dio un plazo de tres horas para que parte de estos funcionarios borren 49 publicaciones de sus redes sociales en las que hacen referencia a dicha concentración, de la que la propia Sheinbaum afirma que asistieron 80 mil personas.
Esto como resultado de la queja que interpusieron las representaciones del PRD y PAN, que también acusaron uso de recursos públicos, pero la Comisión recordó que eso lo analizará el Tribunal Electoral.
Pese a que no han atendido los llamados del INE ni del Tribunal Electoral, los consejeros exigieron a los funcionarios de todos los niveles de Gobierno, afines a Morena y partidos aliados, conducirse con legalidad, y no realizar conductas irregulares el próximo domingo.
«Este proceso estará marcado por la violación sistemática a la Constitución por parte del Gobierno y sus funcionarios, yo lamento que a unas horas de que abran las urnas para que la gente participe en el proceso de revocación, esta autoridad electoral este destinando sus esfuerzos a evitar que se siga rompiendo la legalidad.
«Agradecería que en este periodo de veda electoral (que empezó el jueves) estos mismos funcionarios públicos no siguieran desplegando, a través de redes sociales o su activismo político, conductas contrarias a la ley», afirmó el consejero Ciro Murayama.
La presidenta de la Comisión, Adriana Favela, le recordó a la Jefa de Gobierno que tiene derechos como ciudadana, sin embargo, estos se ven limitados, porque es una servidora pública y está obligada a actuar con imparcialidad.
«No está mal (que ciudadanos apoyen al Presidente) el único problema es que estas personas son servidoras públicas y el presidente de un partido y se ubican en una situación particular, donde su libertad de expresión está limitada por la Constitución y por lo que ordenó la Suprema Corte.
«No queremos callar a nadie, solamente exigimos que se cumpla la ley y lo que dijo la Suprema Corte», afirmó.
La consejera Claudia Zavala argumentó que podrían existir dudas entre los servidores públicos, si fuera la primera vez que ordenan no intervenir en el proceso, pero van 26 medidas cautelares, algunas de ellas contra los mismos funcionarios.
Además de que el Tribunal Electoral ha confirmado todas las resoluciones.
Luego de que en ese evento masivo del miércoles, la Jefa de Gobierno aseguró que defendería a López Obrador aunque se enojara el INE, Zavala le respondió que no retan a la autoridad electoral, sino a la ley.
«No se está retando a una autoridad, lo que se está retando son los postulados democráticos que tenemos, de esa magnitud es la preocupación que generan este tipo de actitudes», indicó.
Además de Sheinbaum y Ramírez, la medida cautelar incluye a los Alcaldes de Iztacalco, Armando Quintero; de Iztapalapa, Clara Brugada; de Venustiano Carranza, Evelyn Parra; de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil; de Milpa Alta, Judith Vanegas, y de Xochimilco, José Carlos Acosta.
Así como contra Paco Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica; Ariadna Montiel, subsecretaria del Bienestar, y Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo.
Del Gobierno capitalino están Martí Batres, Secretario de Gobierno; José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario del Trabajo; Marina Robles, Secretaria de Medio Ambiente; Javier Hidalgo, Secretario de Deporte; Rosaura Ruíz, Secretaria de Educación, y Rocío Peniche Vera, Secretaria de Bienestar.
