Un juez de control estatal vinculó a proceso al ex Gobernador Jaime Rodríguez por el delito de abuso de autoridad al requisar la Ecovía en 2016, alegando que generó un daño económico a los concesionarios del sistema al confiscar los bienes sin haberlos indemnizado.
«(La requisa) es una acto de arbitrariedad jurídica», justificó el juzgador Eduardo Hoyuelas al vincular a proceso al Bronco durante la audiencia.
«Atenta contra los derechos que asisten a la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico…afectó a los bienes del concesionario».
En una audiencia, que lleva poco más de 11 horas, incluidos algunos recesos, el juez discute ahora si aplicará una medida cautelar al ex Mandatario para que enfrente el proceso en prisión preventiva o libertad.
Fuentes enteradas de la investigación señalaron que los agentes Érika Irigoyen y José Inés Sánchez alegaron que la decisión de la requisa a este sistema de transporte público fue una orden directa del ex Mandatario estatal, por lo que recalcaron que es el principal responsable del daño al concesionario.
Además, las fuentes afirmaron que Rodríguez no declaró nada al argumentar que no conocía la carpeta de investigación.
«Esa es mi solicitud señor juez, que me dé la oportunidad de poder enterarme de qué se me acusa, me voy a enterar después de que usted tome una decisión, eso no se me hace justo», dijo Rodríguez en un audio circulado de la audiencia.
«Una investigación que duró dos años y medio, según escuché en la audiencia pasada, y no tengo ningún sólo documento, ni una sola cita de la Fiscalía, ni un sólo comentario, ni público, ni privado, no tenía ni abogados, ¿cómo podré defenderme, señor juez?, estoy en la indefensión absoluta».
Al reanudarse en la mañana la audiencia contra el ex titular del Ejecutivo estatal, la Fiscalía Anticorrupción se desistió de la imputación contra los otros tres ex funcionarios estatales señalados, por lo que sólo van contra «El Bronco».
La audiencia se realiza de manera virtual y de forma privada por acuerdo del juez estatal, y pese a las peticiones de la defensa legal del ex Gobernador de que fuera pública.
Los tres ex funcionarios señalados en la carpeta, y que por ahora la autoridad se desistió contra ellos, son Jorge Longoria, ex director de la Agencia Estatal del Transporte; Manuel González Fernández, ex director de Metrorrey, y Roberto Russildi, ex Secretario de Desarrollo Sustentable.
En el caso de Russildi, fuentes detallaron que no fue convocado a la audiencia al justificar una incapacidad médica.
