La mayoría de los diputados integrantes de las Comisiones de Energía y Puntos Constitucionales que dictaminaron la iniciativa de reforma eléctrica no han transparentado sus conflictos de interés, informó Transparencia Mexicana.
La organización ciudadana hizo una revisión de la declaración patrimonial y de intereses de los 88 integrantes de las dos comisiones y encontró que 70 legisladores no han hecho público o no han manifestado su posible colisión de intereses.
«Los ciudadanos no podemos consultar la declaración de intereses (aquellos intereses del legislador que podrían afectar una decisión pública) de 70 de los 85 integrantes (82%) de las comisiones dictaminadoras de la iniciativa de reforma constitucional.
«En algunos casos (29 de 85 integrantes de estas dos comisiones) los legisladores no publicaron, como marca la ley, su declaración de intereses. En otros casos (41 de 85 integrantes de estas dos comisiones), los legisladores aseveraron -cosa extraña- que ‘no tenían intereses'», indicó.
Las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales están integradas por 35 diputados de Morena, 21 del PAN, 12 del PRI, 7 del Partido Verde, 6 del Partido del Trabajo, 4 de Movimiento Ciudadano y 3 del PRD.
El pasado domingo, durante la discusión de la reforma constitucional a la industria eléctrica, se generó un debate en el Pleno luego de que legisladoras de Morena y el Partido del Trabajo acusaran a la panista Margarita Zavala y a la perredista Edna Díaz de tener conflicto de intereses y pidieron que se excusaran de votar.
El caso de Zavala, quien informó que su esposo, el ex Presidente Felipe Calderón, trabajó hasta 2018 en la empresa Avangrid, filial estadounidense de la española Iberdrola, fue revisado por la Dirección Jurídica de la Cámara, que resolvió que no existía ningún conflicto de interés.
Díaz por su parte rechazó la vinculación que pretendió hacer Morena con el cabildero Paolo Salerno, quien fue captado la semana pasada en una curul contigua a la de la diputada.
Todos los legisladores, señaló Transparencia Mexicana, tienen intereses privados que podrían afectar su participación en decisiones legislativas y no sólo al momento de emitir su voto, por lo que los intereses deben declararse y estar, siempre, por encima de la mesa.
«Puede argumentarse descuido, desconocimiento, indolencia o una estrategia deliberada para ocultar intereses; pero lo que es difícil de creer, dado que en México los formatos son idénticos para las personas servidoras públicas, es que un legislador no tenga intereses privados», indicó.
