Autoridades federales y municipales frenaron las obras del desarrollo inmobiliario de la empresa Stupa Ranch S.A. de C.V., que se construía sin permiso ambiental en una zona forestal protegida de Valle de Bravo.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) colocó sellos de clausura por contravenir la legislación ambiental, mientras que el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, emitió una suspensión provisional.
REFORMA publicó hoy que Stupa Ranch inició la construcción del desarrollo en la localidad de Avándaro, entre los ejidos El Capulín y Cerro Gordo, pese a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negó desde 2021 la autorización de impacto ambiental.
Esta empresa fue constituida por colaboradores del empresario Ricardo Salinas Pliego.
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio, los socios de la empresa creada el 23 de febrero de 2017 son Pedro Padilla Longoria, actual director general de Grupo Salinas, y José Luis Riera Kinkel, director general de Finanzas Corporativas del mismo conglomerado.
En Stupa Ranch, Padilla Longoria funge como administrador general, mientras que Riera Kinkel es apoderado. El comisario de la sociedad es Jesús Morales Aguilar, quien a la vez es representante legal de Grupo Elektra.
El proyecto contempla 4.9 hectáreas de construcción con 11 villas residenciales, albercas, caballerizas, spa, restaurante, gimnasio, capilla y un salón de usos múltiples.
Con el avance de las obras fueron talados cientos de árboles, se construyó una presa privada para captar el agua de los manantiales y se observan veredas y caminos trazados en medio del bosque.
Vecinos de Valle de Bravo y activistas, que forman parte del Observatorio Ciudadano de la Subcuenca Valle de Bravo-Amanalco, dijeron que esta obra traería consecuencias ecológicas graves, al ser una de las zonas de captación de agua que alimenta al Sistema Cutzamala.
