La Ciudad de México reprobó en la aplicación del sistema de justicia penal acusatorio.
Además, arrastra, desde hace cinco años, insuficiencias que le impiden llegar a un escenario ideal para beneficiar a la población con mayor seguridad, mejor reinserción, menor impunidad y lograr justicia, de acuerdo con un análisis de la organización México Evalúa al corte de 2020.
Para la primera medición de 2016, la CDMX obtuvo 240 puntos de 500 mínimos; en 2017 registró el mismo puntaje de un mínimo de 600; en tanto que para 2018 subió a 343, pero de un parámetro mínimo de 800 y llegó a 408 en 2019 del mínimo de 900.
México Evalúa contempló en su análisis indicadores centrales para determinar si el sistema acusatorio avanza y si se cumple la reducción a la impunidad, si brinda salidas adecuadas para cada caso, promueve derechos humanos, atiende exigencias de justicia y responde a las preocupaciones cotidianas de la población.
«Debe, específicamente, identificar retos, objetivos, necesidades y recursos disponibles que sean los ejes de tal articulación y de la coordinación entre los múltiples actores», destacó la organización.
En el documento se priorizó la evaluación de la calidad de los servicios y procesos por encima de los plazos o número de acciones realizadas. También, calificó la perspectiva ciudadana y la información pública disponible para la sociedad civil, relacionada con el sistema.
Y concluyó que la Capital mantiene fallas en sus sistemas informáticos, en la coordinación entre los entes de justicia y disparidad de recursos y personal, entre dependencias, incluso, al comparar con otras entidades. Por ejemplo, la cifra de defensores públicos y jueces es menor que la media nacional.
«Ciudad de México no ha contado con una instancia de coordinación técnica durante la implementación del sistema de justicia penal, ni ahora, en la fase de consolidación, lo cual (…) impide que puedan articularse de manera conjunta los esfuerzos institucionales de los operadores.
«Los avances son positivos, pero no son suficientes para poder llegar a nuestro sistema ideal de impartición de justicia», consideró Carlos Daza, experto en Derecho por la UNAM.
El especialista enfatizó en la urgencia por la capacitación y mejorar las condiciones laborales al personal de entes de justicia, para que la sociedad conozca lo que podría esperar y recibir del sistema.
«El sistema cambia, pero los funcionarios son los mismos», puntualizó Daza.
