En vez de pagar una multa de 40.8 millones de pesos por cortar sin permiso 57 árboles en Calle Real de Mayorazgo por el complejo Mítikah, Fibra Uno acordó con el Gobierno de la CDMX realizar obras de compensación y donar terreno al espacio público.
Lilian Guigue, directora de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), recordó que el Gobierno capitalino litigaba con la empresa un juicio de nulidad que habían interpuesto por la sanción.
Durante el proceso, un juez había dado la razón a la autoridad, después se la dio al particular, detalló la funcionaria.
Con esto, ambas partes acordaron que en lugar de que pagara los 40 millones 833 mil pesos, Fibra Uno deberá reconstruir el centro de salud del pueblo de Xoco, en la Alcaldía Benito Juárez.
El acuerdo incluye que la compañía se haga cargo de la rehabilitación de áreas verdes y el ordenamiento urbano de la Avenida México Coyoacán, así como de la reconstrucción y mejoras urbanas de las calles de San Felipe y los andadores de San Felipe Xocotitla.
También, el particular donará mil 100 metros cuadrados adicionales de terreno al espacio público, que se sumarán a una donación reglamentaria de 10 mil 500 metros cuadrados.
«La negociación se da que se pague en obras, cuando teníamos el juicio en una y una, íbamos uno, uno. El juicio podría seguir ahorita, porque eso es varios años. Esos mil 100 metros adicionales, nada más, a como está el metro cuadrado ahorita en Xoco, es el doble de la sanción.
«¿A nosotros qué nos interesaba más que la sanción?, pues que el pueblo adquiriera estos beneficios y, evidentemente, los beneficios son mucho mayor a lo que determinaba la sanción», declaró Guigue a REFORMA.
Actualmente, ya fue habilitado un andador peatonal y un deprimido vehicular a la altura de la Calle Real de Mayorazgo.
En recorridos, se constató que el deprimido sólo puede ser usado por automovilistas que buscan ir hacia Avenida Universidad. En el desnivel, aún hay trabajadores realizando labores.
Lilian Guigue detalló que para que entrara en funcionamiento el deprimido, autoridades realizaron estudios de riesgo en materia de protección civil o de movilidad, entre otros.
«Es un deprimido como existen muchos en la Ciudad y, la diferencia es que éste, en estos momentos todavía está dentro de la propiedad privada en lo que es Universidad 1200, porque estamos todavía en el trámite de la donación.
«Ya que acabemos toda la tramitología, que es un par de meses, pues ya todo eso va a ser parte del espacio público», explicó.
