La agroindustria nacional y las cadenas de autoservicios invitadas voluntariamente a sumarse a la propuesta de precios contra la inflación del Ejecutivo han aceptado, afirmó la Secretaría de Agricultura (Sader).
Serán 24 productos de la canasta básica los contemplados por el Gobierno federal en la iniciativa que busca establecer pactos con empresarios y comerciantes, entre los que se incluyen leche, aceite, huevo, frijol, pollo, y tortilla, con una reducción de hasta 20 por ciento.
“Es una estrategia a través de la cual se ha invitado a actores fundamentales de forma voluntaria, se ha venido negociando y planteando a través de diferentes reuniones.
“Hasta donde he visto y podido constatar, hay una aceptación a la estrategia de parte de la gran agroindustria nacional, así como también de las grandes cadenas de supermercados y esto se va a poder constatar el día de mañana que se presente”, aseguró Víctor Villalobos, titular de la Sader en el marco de la conferencia del 43 Congreso Mundial de la Viña y el Vino.
Mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informará los detalles concernientes a su estrategia para atender los efectos de la inflación en alimentos y energía, misma que no está circunscrita ni cerrada a cierto tipo de actores, enfatizó.
“Lo que se está buscando es a final de cuentas el ganar-ganar a través de un esquema, una estrategia, donde el Gobierno federal ha puesto sobre la mesa importantes contribuciones desde el punto de vista de las medidas que habrán de atenuar y disminuir el impacto de la inflación, particularmente a los sectores más marginados y desprotegidos.
“Puedo anticipar que hay una absoluta aceptación, voluntad e interés de sumarse porque todos vamos a ganar como sociedad”, finalizó Villalobos.
Al respecto, JPMorgan consideró que el plan antiinflacionario del Gobierno para controlar el costo de productos de la canasta básica enfrenta complejidades logísticas para su implementación y en el mejor de los casos podría reducir los precios entre un 5 y 10 por ciento.
Este rango de reducción en los precios de los alimentos básicos de consumo llevaría la inflación para fines de 2022 a niveles consistentes con encuestas recientes, en alrededor de un 6 y 6.8 por ciento, indicó en un informe de política económica.
JPMorgan consideró que tal política tendría un impacto negativo en el mercado en términos de producción y podría crear potencialmente una sombra de mercado para satisfacer la demanda existente, además de que la dificultad de la exigibilidad de la política a nivel nacional sería un obstáculo importante que podría limitar el éxito de la política y su rápida implementación.
“Creemos que, si se implementa un plan de este tipo, es poco probable que se logre un efecto completo, ya que además de los detalles logísticos complejos que justifican su implementación, los efectos colaterales ya son generalizados y van más allá de la canasta básica.
“Además, el hecho de que obligar a las empresas (en particular a las pequeñas y medianas empresas con poco o ningún poder de mercado) a fijar precios podría ejercer más presión sobre sus márgenes después de dos años de escaso apoyo gubernamental durante la pandemia”, dijo la institución financiera.
Un plan para apaciguar la inflación sostenida y generalizada debe ir más allá de una estrategia de control de precios, y un acuerdo con el sector privado es una prioridad para evitar que la producción, el empleo y los precios se disparen en la economía informal, recalcó.
Si el sector privado está dispuesto a lanzar un plan con el Gobierno, se necesita un “pacto” para suavizar las negociaciones salariales, anclando el crecimiento salarial del sector público y privado a las expectativas de inflación “ex-ante”, indicó.
