Por Jorge Fernández Menéndez
L-12: el peritaje y la sucesión
La carrera por la candidatura presidencial está llena de peligros e incertidumbres y lo más importante, sobre todo cuando habrá un gran elector en Morena como lo será el presidente López Obrador, es no cometer errores.
La puntera hasta ahora en esa carrera por la candidatura de 2024 es la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que acaba de cometer uno de esos errores que pueden ser muy costosos: desconocer el peritaje de la empresa noruega DNV, contratada por el propio gobierno capitalino, horas después del accidente de la Línea 12 de hace un año, que dejó 26 muertos y más de un centenar de heridos. La misma que al ser contratada fue presentada por la propia Claudia como una empresa de prestigio internacional y operación global, ahora es denunciada por la jefa de Gobierno de presentar “un informe deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso”.
Se acusa a la empresa noruega de tener conflicto de intereses, de haberse corrompido y de tener relación con las fuerzas de la oposición. Por eso, dicen, hizo un peritaje falso.
Pero nada de eso se dijo en los primeros dictámenes entregados por la empresa noruega. Las acusaciones aparecieron cuando el Gobierno capitalino se negó a difundir la tercera entrega del peritaje, con las conclusiones finales que indicaban que, entre otras causas del accidente, hubo falta de mantenimiento y supervisión en ese tramo de la Línea 12, implicando que hubo responsabilidades, también, de la actual administración capitalina. En lugar de difundir el peritaje y, en todo caso, desmentirlo y exhibir el desacuerdo, que era lo más sensato, lo que se hizo fue ocultarlo y negarse a difundirlo.
Pero como siempre ocurre, el mismo, por lo menos sus conclusiones principales, ya se conoce. Y la verdad resultan bastante convincentes las opiniones vertidas. El peritaje de DNV sostiene que se vulneraron los que ellos llaman cuatro barreras que terminaron provocando el accidente. La primera fue que el diseño de esa parte elevada de la L-12 no respetó las especificaciones para construir puentes de Estados Unidos, que sirven como referencia global para este tipo de construcciones. En otras palabras, el diseño no respetó los estándares internacionales.
La segunda barrera es que no hubo una certificación por algún ente independiente de la obra y existió una deficiente supervisión de la misma. Tampoco se respetó el diseño original y se destaca la compra errónea de vagones de tren que eran para ferrocarril y no para metro, con especificaciones diferentes a las demandadas en el diseño original y que, incluso, provocó que no coincidiera el ancho del eje de los vagones con los de las vías.
La tercera barrera fue la ya muy divulgada, sobre la deficiente colocación de los pernos que sostienen la construcción, a tal nivel, dice el peritaje, que dos de cada tres pernos no servían para ese propósito y muchos otros simplemente no se colocaron.
Hasta ahí todo se conocía y, en todo caso, era responsabilidad de la gestión de Marcelo Ebrard y en bastante menor medida de su sucesor, Miguel Mancera. Pero la cuarta barrera indicada en el peritaje afecta a esas dos administraciones capitalinas, pero en forma específica también a la de Claudia Sheinbaum: dice que hubo falta de mantenimiento y de inspecciones entre 2012 y 2019. Que se dijo que se realizó una inspección en 2019, pero no existe documentación alguna que lo respalde. Tampoco hay registros de tareas de mantenimiento ni de reparaciones.
E insiste en que una simple inspección visual hubiera podido detectar que había evidencia visible de problemas, como lo demuestran las fotos donde se observa, semanas atrás, el tramo accidentado pandeado, con riesgo evidente de vencerse como finalmente ocurrió.
Por esa razón se desconoció el peritaje, se ocultó, se descalificó a la empresa noruega y se levantó todo tipo de especulaciones desde el propio gobierno. Como prueba se dijo que un asesor legal de la empresa, que trabaja en ella desde hace años, era amigo y había trabajado con Enrique Peña Nieto, aunque ese asesor legal nada tuvo que ver con el peritaje ni con los técnicos, muchos de ellos llegados de Noruega, que lo realizaron. Tampoco ello había sido problema con los dos primeros dictámenes provisionales del peritaje que se difundieron públicamente. Que el peritaje era “deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso”, se descubrió cuando el mismo señaló la falta de mantenimiento de la L-12 como responsabilidad de las actuales autoridades.
Al mismo tiempo se insistió en que se están tomando medidas para la reparación del daño, que está asumiendo la empresa constructora de Carlos Slim, responsable de ese tramo, con las familias de las víctimas. Está muy bien, pero en una obra pública, como la L-12, si hay responsabilidades gubernamentales, éstas deben transparentarse y si hay funcionarios responsables, castigarlos.
Lo que pasa es que en el caso de la L-12, como en el incendio de los cerebros del Metro, en la estación Balderas, ocurrido semanas antes, la responsabilidad debería recaer en Florencia Serranía, una directora del Metro que nunca apareció, que nunca asumió sus responsabilidades y que en la misma semana en que estalló el escándalo del peritaje oculto, fue designada a una importante posición en el Conacyt.
Una de las peores operaciones políticas en mucho tiempo.
Falta mucho en la carrera por la candidatura presidencial, a ver si no se topan con la L-12 en medio de ella.
