Tres directores de la Semarnat presentaron su renuncia con fecha del 15 de mayo en medio de presiones para avanzar en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en las obras del Tren Maya.
Los directores de Impacto Ambiental, Juan Manuel Torres Burgos; de Calidad del Aire y Registro de Emisiones, Adolfo Cimadevilla Cervera, y de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, Ricardo Ortiz Conde, saldrán formalmente este fin de semana de la dependencia, confirmaron fuentes de la Secretaría.
Los funcionarios procedían de la administración anterior de Víctor Toledo, quien a su vez dimitió por diferencias con la política presidencial en materia ambiental.
Los relevos serán cercanos a la titular María Luisa Albores y tendrán una mayor anuencia a las obras del Tren, cuestionadas por grupos ambientalistas.
En el cargo desde noviembre de 2019, Torres Burgos firmó en abril un permiso provisional para iniciar las obras del Tramo 5, de Cancún a Tulum, y en noviembre de 2020, mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG/06043, autorizó de forma condicionada la Manifestación de Impacto Ambiental para la fase I de Palenque a Izamal. Sin embargo, no ha firmado otras autorizaciones que urgen para la normalización de los trabajos en el sureste.
En la Semarnat confirmaron que hoy es el último día de Ortiz Conde en la dependencia.
Aplazan audiencia sobre Tren Maya
Un juez federal de Mérida aplazó hasta el 27 de mayo la audiencia en la que decidirá si se suspenden por tiempo indefinido las obras del Tramo Cinco Sur del Tren Maya, de Playa del Carmen a Tulum.
Adrián Novelo, juez Primero de Distrito en Yucatán, aplazó ayer la audiencia incidental del juicio de amparo 884/2022, según registros del Consejo de la Judicatura Federal.
En esa audiencia, el juez resolverá si concede una suspensión definitiva, que estaría vigente durante todo el tiempo que tome el tramite del juicio. Es el segundo aplazamiento de la audiencia, originalmente programada para el 22 de abril.
No obstante, sigue vigente la suspensión provisional otorgada por el juez el pasado 12 de abril, que tiene el siguiente efecto:
«Que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo Cinco Sur del Tren Maya, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material».
El jueves por la tarde, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, con sede en Mérida, confirmó por unanimidad dicha suspensión provisional, en una sentencia que es inapelable, al declarar infundados dos recursos de queja del gobierno.
Tanto el juez como el tribunal coincidieron en que la obra, a cargo de las empresas Grupo México y Acciona Infraestructuras, no puede seguir mientras no exista una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que cumpla los requisitos legales.
El trazo original del tren, paralelo a la carretera 307, fue cambiado por el gobierno y ahora va por la selva, lo que ha provocado protestas y amparos de grupos ambientalistas.
Los juzgadores han determinado que una autorización provisional en materia ambiental, otorgada con base en un decreto Presidencial para exentar de tramites las obras prioritarias del gobierno, no puede ser considerada como equivalente de una MIA.
Novelo ha otorgado al menos otras dos suspensiones provisionales contra el Tramo Cinco Sur, en los amparos 820 y 82 1/2022m y según un grupo ambientalista, el pasado 29 de abril concedió una más que también abarcaría el Tramo Cinco Norte, de Cancún a Playa del Carmen.
La violación a la suspensión provisional, o en su caso definitiva, daría lugar a responsabilidad penal de los funcionarios responsables, pues es un delito previsto en la Ley de Amparo.
Tanto el juez Novelo, como el tribunal colegiado, son los encargados de resolver todos los amparos contra el Tren Maya, sin importar en que estado se ejecuten las obras.
