A cinco años de que la Ley de Accesibilidad de la Ciudad de México fue aprobada, la evaluación de sus objetivos y avances está detenida ante la falta del reglamento de la legislación.
La diputada Gabriela Salido, presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, explicó que uno de los mecanismos contemplados por la ley, creada para garantizar el libre acceso y tránsito de personas que viven con discapacidad motriz, es la emisión de certificados de accesibilidad para empresas y dependencias públicas, que deberán ser registradas mediante un censo.
Sin embargo, este padrón, no ha podido llevarse a cabo debido que se carece del reglamento, el cual tendría que haberse emitido 120 días después de la publicación de la norma, acusó Salido.
«No tenemos una manera de constatar que con el paso del tiempo se sigan cumpliendo los criterios de accesibilidad, esto es parte de las consecuencias de no contar con el reglamento.
Una empresa o una institución pública o privada, no importa, puede tener su certificado de accesibilidad y al paso del tiempo ya no contar con esas medidas», apuntó.
Claudia González, quien vive con discapacidad motriz, enfrenta diariamente obstáculos en las calles, en el transporte público e, incluso, en espacios supuestamente accesibles, como lo son sanitarios que no cumplen con el diseño para cumplir con estas funciones.
Detalló que en este último tipo de instalaciones se ha encontrado, por ejemplo, con puertas que abren hacia adentro, lo que reduce el espacio para maniobrar una silla de ruedas.
«Aunque entre la silla no hay forma de cerrar.
«A mi me ha pasado que cuando tengo que estar mucho tiempo en la calle no tomo agua porque luego no puedo entrar a los sanitarios y, en algunos casos que sí cumplen con las características, estos son ocupados como bodegas de trapeadores y jergas», narró.
Otro de los obstáculos que ha enfrentado es la colocación de rampas que no son adecuadas o, incluso, la falta de las mismas.
«Las leyes pueden estar pero el caso es que las ejecuten porque de nada me sirve que se cambien (o expidan) leyes cada cinco minutos si no se concretan», detalló.
Al menos 2.5 millones de capitalinos viven con una discapacidad y las omisiones de las autoridades en esta materia tienen impacto en la vida de todos ellos y en sus desplazamientos por la Capital, indicó Salido.
Aseguró que la Jefatura de Gobierno tiene la obligación de vigilar que las medidas contempladas por la Ley de Accesibilidad sean implementadas.
«Es el ejecutivo la autoridad que tiene que definir criterios para su supervisión, ellos son los facultados para este tipo de supervisiones, entonces lo que les toca es el Reglamento y supervisar que se haga (…) Tendría que buscarse un esquema en el que periódicamente pudiera validarse la continuidad o una supervisión general», dijo la legisladora.
