Por Pascal Beltrán del Río
Nos faltan 100 mil
Cada día del actual periodo de gobierno han desaparecido 25 personas en promedio. Si sólo tomamos en cuenta lo ocurrido este año, la media sube a 27. Es decir, una cada 53 minutos.
El horror se ha instalado entre nosotros. Las más de 100 mil personas no localizadas en México –de 1964 a la fecha– constituyen una realidad que hace palidecer a las historias más trágicas de la región.
Los desaparecidos de este país son más del triple de los de la dictadura militar en Argentina (1976-1982), calculados en 30 mil, y también superan a los de la violencia en Colombia, unos 80 mil.
Casi una tercera parte de esas ausencias, más de 31 mil, han tenido lugar de diciembre de 2018 a la fecha, con lo que el presente sexenio podría convertirse en el peor en ese rubro, muy por encima de lo ocurrido durante la llamada Guerra Sucia.
Es verdad que el actual gobierno, a diferencia de los anteriores, está reconociendo la gravedad de la situación. Pero, también, no se está poniendo en marcha ninguna acción preventiva ni se está castigando a los perpetradores.
Es más, la búsqueda de los desaparecidos corre casi siempre a cargo de familiares y organizaciones de la sociedad civil, que prácticamente no reciben ayuda de las autoridades federales y estatales.
En Excélsior e Imagen hemos contado el suplicio de los buscadores –grupos como el veracruzano Colectivo Solecito–, que, a rayo del sol y poniendo en riesgo su seguridad, escarban la tierra en busca de indicios, como un mechón de cabello, una prenda o una identificación. Gracias a ellos se han localizado innumerables fosas clandestinas.
Escuchar que el gobierno cuida la integridad de los criminales, como los que han acabado con la vida de otros seres humanos y los han enterrado para complicar la localización de sus restos, es una patada en el estómago de esta calamidad colectiva. Cuando uno revisa las estadísticas que ha publicado la Comisión Nacional de Búsqueda, aparecen un retrato aún más escalofriante que la cifra de 100 mil desaparecidos, alcanzada el lunes pasado.
Por ejemplo, que tres de cada cuatro mujeres víctimas de desaparición hayan tenido entre 10 y 24 años de edad cuando se las llevaron. Ese es un dato que irremediablemente conduce a la conclusión de que en México opera el tráfico de personas.
También exhibe la vulnerabilidad de la niñez, pues una de cada seis personas levantadas tenía entre cero y 14 años. Tan sólo el año pasado desaparecieron 500 menores de edad.
Mientras el gobierno se regodea de haber ralentizado el ritmo de los homicidios dolosos –de un promedio diario 95 en 2019 a 86 en el primer trimestre de 2022, lo cual sigue siendo de terror–, el de las desapariciones va en ascenso.
No puede haber reconstrucción del tejido social mientras las familias mexicanas sigan temiendo que sus hijos vayan a comprar algo a la tienda de la esquina o salgan de noche a divertirse porque, en una de esas, ya no regresan.
BUSCAPIÉS
*Caracterizado por su forma abusiva de ejercer el poder, el gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez no se aguantó la avaricia y echó el guante a los ingresos del Acuario de Veracruz, cuyo patronato ha generado utilidades de 30 millones de pesos al año. Ahora será administrado por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, cuyo director es el exdiputado perredista Sergio Rodríguez Cortés, a quien García Jiménez, en sus tiempos de opositor, acusó de “exhibir fajos de billetes” y de ser “aliado” del entonces mandatario estatal Miguel Ángel Yunes.
*Con motivo de la puesta en marcha de medidas para contener la inflación –como el fortalecimiento del autoconsumo–, el presidente López Obrador ha sostenido que los gobiernos anteriores dejaron “en el olvido” al campo y que la autodenominada Cuarta Transformación está resarciendo esto mediante apoyos. Sin embargo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) reveló esta semana que el presupuesto para la agricultura para 2022 –sumados todos los programas sectoriales– apenas está a la mitad de lo que se destinó en 2011.
