La Fiscalía General de la República anunció que abrirá una carpeta de investigación por el fallo «parcial» del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien desechó esta mañana el caso contra los cuatro presuntos allegados a Julio Scherer Ibarra imputados por presuntamente extorsionar a Juan Collado.
En un comunicado, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero también informó que presentará una queja contra el juzgador ante el Consejo de la Judicatura Federal, por actos abusivos, conducta grosera y la defensa que hizo del ex consejero Jurídico de la Presidencia en la audiencia.
Anticipó que apelará el fallo que Delgadillo dictó esta mañana en favor de Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau.
A todos ellos les dictó la no vinculación a proceso y el sobreseimiento de los delitos de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa.
«En razón de todos los actos abusivos y parciales contra la administración de justicia ya señalados, esta institución presentará de inmediato el recurso de apelación, que se hará público en los términos de la Ley de Transparencia. Asimismo, la FGR presentará queja ante el Consejo de la Judicatura Federal; y, a petición del Ministerio Público, abrirá carpeta de investigación penal sobre el presente asunto», dijo la dependencia.
«La FGR ratifica su respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial de la Federación. Uno o varios casos no van a motivar confrontación alguna con dicho Poder del Estado Mexicano, y mantendremos ese criterio, a pesar de toda la presión mediática que quiere convertir la procuración de justicia en un choque institucional, en un escándalo o en un encubrimiento».
La Fiscalía manifestó su apoyo al fiscal federal Manuel Granados Quiroz y a su equipo de trabajo, quienes encabezaron la audiencia cuestionada, y expresó su oposición terminante a la «resolución ilegal» del citado impartidor de justicia.
«Dicho Juez descalificó y agredió groseramente a la Representación Social, negándose a tomar en cuenta más de setenta y cinco datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora, que no habían sido objetados, desde que la contraparte recibió el expediente correspondiente. Y se dedicó prioritariamente a realizar la defensa del señor Julio «S», que no estaba imputado; pero que sí existían una serie de pruebas que no habían sido refutadas, sobre su participación en los delitos de los que se imputó a diversos abogados», añadió.
De acuerdo con la Fiscalía, esta situación no puede estar desvinculada de la denuncia pública que el pasado 22 de abril presentó Scherer Ibarra en contra del fiscal Manuel Granados.
Indicó que el hecho de que esta querella no fuera tomada en cuenta por el juez, «indica una notoria parcialidad, ya que dicho juzgador sí analizó temas y antecedentes que no estaban en la litis».
«Todo ello en favor de los imputados y, notoriamente, del propio Julio «S»; ofendiendo y descalificando agresivamente la acción del Ministerio Público Federal y omitiendo el análisis imparcial de pruebas no refutadas; lo cual denota una parcialidad insostenible y una defensa ilegal de personas que no están imputadas, pero que aparecen en los datos de pruebas señalados por la Fiscalía y que no pueden ser ocultados», agregó.
La Fiscalía también se refirió a Alejandro Robledo Carretero, ex subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de la Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Robledo hoy apareció en la audiencia como defensor de César González.
«El abogado defensor del caso, Alejandro ‘R’, quien fue subsecretario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, propuesto por Julio «S», días antes de la audiencia, afirmó públicamente sobre este asunto: ‘se va a acabar esta venganza’. Poco después, el Juez coincidió y calificó la imputación de ‘venganza’, sin que hubiera prueba alguna», dijo.
«Dicha conducta inadmisible no habrá de inhibir al Ministerio Público de la Federación para judicializar todos los casos en que haya corrupción, tráfico de influencia o intereses ajenos a la justicia; y, de ello, se informará de inmediato a la opinión pública, de conformidad con la Ley de Transparencia, para evitar cualquier extorsión mediática criminal».
