La reestructura al Instituto Electoral de la CDMX (IECM), aprobada en comisiones por diputados morenistas, obstaculizaría las investigaciones sobre el uso de recursos públicos en eventos proselitistas organizados por funcionarios.
Además, abriría la puerta para que asociaciones políticas que cometan actos irregulares obtengan su registro como partido.
El diputado Federico Döring, del Partido Acción Nacional (PAN), explicó que la Unidad Técnica de Fiscalización sí hace revisión de los gastos de partidos, candidatos o de dependencias en actos proselitistas, contrario a lo que ha asegurado Morena. Aunque es el Instituto Nacional Electoral (INE) el que decide si delega esa tarea.
«Cuando se presenta una queja por fiscalización, muchas veces se presenta ante la autoridad local. Por ejemplo, si yo estuviera como candidato contra alguien de Morena y veo actos de campaña que rebasaron los topes, o que no fueron declarados, esas quejas van ante la primera instancia.
«Lo que revisa el INE es más bien la facturación, cuando gastas dinero, avisas al INE, pero las trampas electorales le tocan a esa Unidad de Fiscalización», detalló.
Como ejemplo de indagatorias, Döring recordó las quejas que presentó por la llamada «Tarjeta Claudia» o el mitin en el que participó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con gobernadoras para apoyar la consulta de Revocación de Mandato, pese a la veda electoral, en el que el legislador advirtió que pudieron haberse utilizado recursos públicos.
El dictamen aprobado también limita, de acuerdo con el legislador, la objetividad en la fiscalización con la que cuenta la Unidad Técnica, pues su titular tiene que ser elegido en el Congreso por mayoría simple. Al ser absorbida por la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas no se garantiza eso.
En tanto, Ernesto Ramos, consejero del Instituto, explicó que la reforma avalada en la Comisión de Asuntos Político Electorales no es menor, pues representa una oportunidad para constituir partidos con recursos ilícitos.
«Las organizaciones que busquen constituirse como partidos políticos podrían llegar violentando la ley sin la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto que verifica el origen y el destino de sus recursos», detalló.
Además, el presunto ahorro de 52 millones de pesos que se plantean en la propuesta, podría no darse ante la necesidad de liquidar a los partidos que pierdan su registro. Dos ejemplos de esto son el Partido Humanista, que lo perdió en 2018, y el Partido Elige, que lo hizo en 2021, pues ante la ausencia de la Unidad tendrían que contratarse a empresas privadas.
