En una tarde reciente, cuando siete migrantes recién llegados fueron liberados de la custodia del Gobierno y quedaron sin ningún lugar donde pasar la noche, un refugio de emergencia en San Benito, Texas, envió a un voluntario para que hiciera su quinta recogida del día desde la cercana Brownsville.
El refugio, La Posada Providencia, tenía comida caliente esperando y fideos de ramen para más tarde por si los migrantes aún tenían hambre. Varios de los hombres, que habían venido de Cuba y Nicaragua, se desplomaron rápidamente en catres con sábanas y almohadas limpias.
A la mañana siguiente, el voluntario los llevaría temprano al aeropuerto y luego continuarían su viaje hacia el norte.
Mientras Estados Unidos experimenta la mayor ola de migración en su frontera suroeste en décadas, la Administración Biden depende cada vez más de red informal de refugios y otras estaciones de paso para albergar y alimentar a los migrantes a quienes se les permite quedarse de manera temporal.
Muchos de los indocumentados son solicitantes de asilo y en los refugios se les ayuda a organizar sus viajes desde las comunidades fronterizas hasta donde planeen esperar, quizá por años, para sus procedimientos judiciales de inmigración.
Desde que el Presidente Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021 hasta abril pasado, el Gobierno ha admitido alrededor de una cuarta parte de los migrantes detenidos en la frontera suroeste por ingresar ilegalmente al país, o alrededor de 700 mil de entre 2.7 millones, según un análisis de datos federales. El resto han sido expulsados rápidamente bajo una orden de emergencia de salud pública relacionada con la pandemia, conocida como Título 42, o devueltos bajo otra autoridad legal. El viernes, un juez federal ordenó que la regla, que se suponía que se levantaría el lunes, se mantuviera vigente. La Administración Biden dijo que apelaría.
Sin embargo, muchos de los miles de migrantes que cruzan cada día ya están siendo admitidos: del récord de 234 mil 88 migrantes que llegaron en abril, casi la mitad fueron liberados en el país por diversas razones, incluidas excepciones humanitarias al Título 42 y espacio de detención insuficiente.
En algunos casos, el Gobierno no puede expulsar a las personas -cubanos y venezolanos, por ejemplo- porque no tiene relaciones diplomáticas con el país de origen.
Debido a que Estados Unidos encara alrededor de 8 mil 200 cruces fronterizos podía, la Administración Biden está dependiendo de pequeñas organizaciones sin fines de lucro como La Posada Providencia para gestionar la afluencia en las ciudades y pueblos fronterizos, lo que ha ayudado a evitar imágenes de caos que afecten a los demócratas antes de las elecciones intermedias de noviembre.
Sin embargo, algunos de los refugios se están abrumando. En El Paso, están cruzando tantos migrantes que un albergue está trabajando con las autoridades de la ciudad para traer rápidamente más personal y agregar espacio. Otro refugio en Eagle Pass también está alcanzando su límite de capacidad y está buscando formas de sacar a los inmigrantes de la ciudad más rápido.
«Vas a ver a muchas, muchas personas que tendrán que ser liberadas a la calle», advirtió Rubén García, director del refugio de El Paso, durante una conferencia de prensa la semana pasada.
Ya sea que brinden comida, un lugar para refrescarse o dormir, orientación legal, atención médica, transporte o ayuda para determinar cómo llegar a un destino, estos refugios y centros, que a veces trabajan con funcionarios estatales y locales, llenan un vacío en el obsoleto sistema de inmigración del país.
La Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) han confiado informalmente en esos lugares durante años. Pero la Administración de Biden, que enfrenta una presión significativa para demostrar que estaba preparada para el fin de la orden de salud pública, recientemente los convirtió en una pieza central de su plan de respuesta. Por primera vez, el Gobierno federal incluyó una modesta financiación de 150 millones de dólares para las organizaciones en su solicitud de presupuesto anual.
No obstante, está muy lejos de la relación formal que tiene el Gobierno con nueve agencias de reasentamiento que contrata para brindar una variedad de servicios a los refugiados, como los que vinieron de Afganistán durante el año pasado y los que llegan ahora de Ucrania.
Durante años, las personas que cruzaban la frontera suroeste sin documentos eran en su mayoría hombres mexicanos solteros. Eso comenzó a cambiar en 2011 y cambió aún más en 2014, cuando personas de otros países centroamericanos, incluidas familias enteras, comenzaron a huir de la violencia en la región.
En ese momento, la Iglesia Católica del Sagrado Corazón en McAllen, Texas, acogió a cientos de familias migrantes que cruzaron cerca del extremo sur del estado. Ahí, los migrantes recibían atención médica, refugio y suministros para ayudarlos a superar las horas de viaje que les esperaban en el camino a sus destinos.
Antes de que la iglesia interviniera, los migrantes simplemente eran dejados en la estación de autobuses local después de que los oficiales de la Patrulla Fronteriza los liberaran.
Pero a medida que más familias cruzaban, la iglesia se vio abrumada. Entonces, voluntarios llamaron a la hermana Norma Pimentel, directora ejecutiva de la sucursal de Caridades Católicas en el Valle del Río Grande. Desde entonces, Pimentel ha dirigido un refugio y un centro de ayuda que puede albergar a mil 200 personas en el centro de McAllen, justo al otro lado de la calle de la estación de autobuses.
Por lo general, los migrantes que pasan por los centros ya tienen contactos en Estados Unidos y planes para unirse a ellos. A menudo parten a las pocas horas de ser liberados por la Patrulla Fronteriza. En muchos de los centros, los empleados y voluntarios llaman a los familiares o amigos de los migrantes para confirmar sus planes y ayudarlos a comprar un boleto de autobús o avión, que generalmente es pagado por los propios migrantes o sus contactos.
Muchos indocumentados toman autobuses desde los pueblos fronterizos hasta las ciudades con aeropuertos principales y luego vuelan a sus destinos, generalmente Houston, Miami, Chicago, Filadelfia, Nueva York, Washington o Los Ángeles.
Recientemente, sin embargo, están llegando más migrantes sin planes ni contactos en Estados Unidos. Ante tales circunstancias, los refugios quedan abrumados.
La liberación de cientos de miles de migrantes en el país durante el último año no es el resultado de una política migratoria claramente definida sino que es, en muchos casos, consecuencia de la incapacidad del Gobierno para expulsarlos por diversas razones, según los directores de refugios.
Y a menos que se cambien las leyes de inmigración obsoletas, esta tendencia seguirá. Y si sigue tal como ahora, los refugios y los centros de descanso necesitarán mucho más apoyo del Gobierno.
«Es una solución temporal. No debería ser así como apoyamos a las organizaciones que hacen esto», dijo Marisa Limón Garza, directora del Hope Border Institute, una organización de derechos humanos en El Paso.
«Es insostenible».
