CIUDAD DE MÉXICO.- Los partidos políticos gastaron 44 millones 351 mil 799 pesos en el proceso de revocación de mandato, además de que hubo gastos en los que no se comprobó la fuente del financiamiento, de acuerdo con un informe preliminar de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
En la sesión del Consejo General del INE, el consejero Jaime Rivera presentó un documento informativo de los gastos de partidos y fiscalización de revocación de mandato, pero al ser preliminar aclaró que aún no se determinan sanciones ni responsabilidades por posibles infracciones.
Por ello, dijo que se iniciaron los procedimientos oficiosos en los hallazgos que permitan presumir alguna infracción en materia de fiscalización.
En su participación, el consejero Ciro Murayama señaló que hubo gastos en los que no se comprobó la fuente del financiamiento, lo que alteró las condiciones de la competencia electoral.
«Fue una especie de campaña presidencial con financiamiento clandestino. Y eso no debe de pasar por alto una autoridad electoral cuya obligación es evitar que haya dinero opaco en la política», señaló el consejero.
Además, expresó su preocupación por la colocación de casi medio millar de espectaculares sin conocer quién los estaba pagando.
En respuesta, el representante de Morena, Eurípides Flores, acusó que el documento está «plagado de afirmaciones y apreciaciones subjetivas, sin ningún sustento y de conclusiones inciertas, de decisiones que transgreden los principios de seguridad jurídica y legalidad».
Enseguida, el consejero presidente Lorenzo Córdova aseguró que los partidos políticos que se apegaron a la ley no serán objeto a sanciones «ni deben temer la actuación del Instituto Nacional Electoral».
«Si hay alguien que no se ajustó a la ley, con la prudencia, pero también con la firmeza que ha caracterizado a esta autoridad electoral se interpondrán las acciones correspondientes», apuntó.
Córdova Vianello señaló que a pesar del intento de boicot del proceso de revocación de mandato por parte de distintas autoridades, confió en que no derive en responsabilidades producto de la violación de la Constitución.
