El juez federal Jonathan Bass aplazó para el 9 junio la audiencia en la que decidirá suspensión por tiempo indefinido de los espectáculos taurinos en la Plaza México.
Ante de dictar la sentencia, el juez aceptó la petición de Tauroplaza México, dueña de la plaza, para que un actuario del juzgado inspeccione las condiciones de trato al ganado de lidia en dicho recinto, diligencia que tendrá lugar el próximo martes.
La empresa también ofreció como prueba una inspección para certificar la crianza, cuidado y desarrollo de los toros de lidia en una ganadería fuera de la Ciudad de México, lo que el juez rechazó, por considerar que no es una prueba idónea para resolver sobre las corridas en la plaza capitalina.
El pasado 27 de mayo, el juez concedió una suspensión provisional que por ahora impide espectáculos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez, como parte de un amparo promovido por la asociación civil Justicia Justa.
La suspensión provisional ya fue impugnada y está a revisión ante un tribunal colegiado de circuito, que deberá resolver la próxima semana si confirma, modifica o revoca.
Sin embargo, la decisión del tribunal sobre la suspensión provisional no obligará al juez cuando resuelva la suspensión definitiva.
Si la concede, seguramente no se podrían celebrar los carteles anunciados para lo que resta de 2022, empezando por una novillada el 2 de julio, seguida por dos corridas y tres novilladas entre septiembre y octubre.
El amparo de Justicia Justa cuestiona la constitucionalidad del Reglamento Taurino para el Distrito Federal y la Ley para Celebración de Espectáculos Públicos.
Como el Reglamento fue expedido en 1997 por el entonces Presidente Ernesto Zedillo, cuando el ex Distrito Federal aún era gobernado por un regente, el Ejecutivo federal también es autoridad demandada en este juicio.
«Del análisis preliminar de la materia de estudio de los actos reclamados, se obtiene que cualquier práctica que suponga un maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una cuestión cultural amparada ni prima facie ni de manera definitiva por la Constitución; por ende, de acuerdo con un cálculo de probabilidades, es posible anticipar que en la sentencia de amparo se puede declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados», afirmó Bass en la suspensión provisional.
Agregó que el maltrato y la crueldad hacia los animales califica como un daño al medio ambiente.
En un asunto separado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia discutirá el 8 de junio, y probablemente aprobará, una sentencia que condena las corridas de toros y peleas de gallos, y que invalidará un decreto de Nayarit que las declaró patrimonio cultural de la entidad.
