La falta de pagos de los Créditos a la Palabra, en el que sólo cumplió el 0.04 por ciento, no es el único problema de ese programa que no ha podido recuperar más de 33 mil 611 millones de pesos, pues el Gobierno federal tampoco dio asesorías a los microempresarios ni dio seguimiento sobre el destino o los resultados del préstamo.
En febrero pasado, en su reporte sobre la Cuenta Pública de 2020, la Auditoría Superior de la Federación reveló que los Créditos a la Palabra arrancaron sin que la Secretaría de Economía, responsable del programa, tuviera un diagnóstico de los posibles beneficiarios, sin planeación ni metas y que tampoco dio asesoría a los microempresarios y menos seguimiento al negocio y los empleos.
«La carencia de una métrica y la falta de información dificultó comprobar el impacto de los resultados en la población atendida con los apoyos», concluyó en su estudio que se puede consultar en su página de internet.
REFORMA publicó hoy que de 1 millón 457 mil 907 mexicanos que recibió un crédito a la palabra al inicio de la pandemia de Covid-19, sólo 680 lo han liquidado; 944 mil 450 no hicieron ningún pago y 512 mil 777 pagaron algo, por lo que el boquete financiero es de 33 mil 611 millones 531 mil 563 pesos, según datos obtenidos mediante una solicitud a partir de la Ley de Transparencia a la Secretaría de Economía, que desapareció para 2022 por falta de recursos.
En su respuesta, esa Secretaría no consideró el faltante como adeudo, pues en realidad se trató, indicó, de un «subsidio.»
Para el investigador Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford, el fracaso en los pagos es una es una muestra de la ineficacia de programas del Gobierno federal para combatir la pobreza, pues sólo se concentran en repartir dinero para asegurar un control electoral.
«El centro de la política social del Gobierno actual es el reparto de dinero. Ninguno de ellos tiene un esquema que apoye el tema productivo, porque ese no es el tema principal, el tema principal de López Obrador es dar dinero y si lo regresan o no, si lo pagan o no, no importa, porque lo que buscan únicamente es el control electoral», dijo en entrevista.
Aunque el Mandatario federal presume que nunca como antes se había gastado tanto dinero en programas sociales y que así se ataca «de raíz» las causas de la violencia, Hernández Licona, fundador del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), rechazó que la transferencia de dinero pueda tener algún impacto para lograr la paz si no están acompañadas de otras acciones y menos logrará reducir la pobreza.
El mes pasado, por ejemplo, cerró con 2 mil 472 asesinatos, la cifra más alta de 2022.
«Entregar dinero resuelve solamente una parte de los problemas de la pobreza que es multifactorial, pero para el Gobierno el acceso efectivo a los derechos no es relevante. Sólo les importa una parte de esa problemática, que es la entrega en efectivo, sobre todo para que la población vea con buenos ojos el Presidente», sostuvo Hernández Licona, quien fue destituido como consejero ejecutivo del Coneval en julio de 2019 tras criticar los recortes a ese organismo encargado de medir la pobreza en el País.
En marzo de 2021, en su «Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020», el Coneval, ya con un nuevo consejero ejecutivo, también reprobó que la política social del Gobierno esté centrada únicamente en el reparto de dinero, sin focalización, sin seguimiento, sin prevención de riesgos, ni medición de resultados, por lo que no hay garantía de que los beneficiarios salgan de la pobreza.
«Los Programas Integrales de Bienestar analizados no atienden en su totalidad los riesgos que enfrentan las personas en sus distintas etapas del ciclo de vida.
«Han tendido a enfocarse en las transferencias directas de apoyos económicos más que en la prevención, mitigación y atención de dichos riesgos que limitan el acceso a derechos», aseguró en su estudio de 122 páginas publicado en su sitio de internet».
En abril, REFORMA informó también que de los 851 mil 502 mexicanos que entre 2019 y 2020 obtuvieron un préstamo de 6 mil pesos del Programa de Microcréditos para el Bienestar, mejor conocido como «Tandas para el Bienestar», el 83 por ciento no hizo ningún reembolso o lo hizo parcialmente.
