Luego de concluir el debate sobre la imposición de medidas cautelares, el Juez de Control, Humberto Chávez, dictó prisión preventiva de un año en contra del ex Gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
Tras imponerle la medida cautelar, el juez Chávez programó la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo miércoles 8 de junio.
No obstante, el ex priista permanecerá recluido en el Cereso Estatal 1, ubicado en el Municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua.
Durante el debate, César Duarte negó haber evadido la justicia y argumentó que se fue a Estados Unidos porque supuestamente sería intervenido quirúrgicamente y tenía temor de regresar al País tras recibir amenazas de la delincuencia.
El ex Mandatario declaró ante el Juez de Control que el 12 de diciembre de 2016 le habían programado una operación quirúrgica en la columna, en un hospital de Houston, Texas, por complicaciones del accidente en helicóptero que había sufrido en el 2015.
Según Duarte, al eliminarle la seguridad personal quedó vulnerable ante posibles represalias del crimen, debido a que en su gestión, aseguró, combatió a la delincuencia y redujo los índices delictivos.
En su intervención, el ex priista dijo que su mayor lucha será reivindicar su nombre y el de su familia.
Duarte afirmó que el día que lo operaron en Houston, el 12 de diciembre, fue cuando recibió un citatorio para presentarse ante las autoridades en Chihuahua, por lo que un notario levantó un acta para constar la imposibilidad de acudir, lo que derivó en que la Fiscalía General del Estado le iniciara un proceso penal.
«Qué bueno que tengo la oportunidad de hablar () Yo sí nací en Chihuahua y yo sí he tenido arraigo toda mi vida en esta tierra. Mi mayor lucha será por reivindicar a mi familia y mi nombre», dijo Duarte en la audiencia de formulación de imputación, que inició el viernes a las 8:45 horas, tiempo local, y concluyó la noche de este domingo con la prisión preventiva del imputado.
Anotó que la única obra que se planteó el Gobierno anterior fue meterlo a la cárcel.
El ex Mandatario externó que las autoridades estadounidenses rechazaron 19 órdenes de aprehensión en su contra porque eran improcedentes y que la causa penal por la que está actualmente en Chihuahua, optó por no tener más defensa y dar la cara.
Ahora, enfatizó, se cuenta con libertad en el Poder Judicial del Estado, y acusó a la pasada administración intromisión en éste.
Durante la audiencia que inició el viernes y concluyó este domingo, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua le formuló imputación por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada, y se le dieron a conocer los hechos que se le atribuyen y por los cuales fue detenido.
De acuerdo con la investigación, entre los años 2011 al 2014, siendo Gobernador del Estado de Chihuahua y previo acuerdo con diversos funcionarios y personas ajenas al servicio público, con un reparto de roles y actividades, desvió recursos del patrimonio estatal que ascendían a la cantidad acumulada de 96 millones 685 mil 253 pesos, los cuales se encontraban depositados en varias cuentas pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y estaban destinados exclusivamente a fines públicos.
Entre los años de 2011 al 2014, Gobierno del Estado realizó 17 pagos reiterados a dos morales, con las que había intereses personales y de negocios, al ser Presidente del Consejo Directivo y administrador de una de ellas, así como accionista mayoritario de la otra, actos que fueron orquestados e instruidos para la entrega de estos recursos públicos a través de 11 procedimientos administrativos simulados.
Durante la audiencia, en la que se informaron los hechos, múltiples testigos depusieron en su contra.
«La Fiscalía General del Estado reitera la garantía de que el imputado habrá de estar seguro durante su estancia en el Centro Penitenciario de la entidad, brindando trato igual y apegado a los derechos humanos como cualquier otra persona privada de la libertad», estableció en un comunicado la dependencia.
