La Fiscalía General de la República (FGR) indaga el pago de 29.3 millones de dólares del gobierno de Enrique Peña a la consultora BAIN & Company México, de la cual era parte Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del entonces director de Pemex.
Además del conflicto de interés, la pesquisa acredita que la empresa no cumplió los supuestos servicios.
De acuerdo con la indagatoria, a la que tuvo acceso REFORMA, el millonario contrato se firmó entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la consultora mediante una adjudicación directa otorgada el 27 de octubre de 2015.
BAIN & Company México debía elaborar el programa de transformación de la CFE, incluido el modelo operativo, plan de inversiones, estrategia de financiamiento y plan de negocios 2016-2020.
La oferta de BAIN, propuesta originalmente en 28.8 millones de dólares, incluía 29 productos y 76 asesores, incluida la hermana del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya.
«En el listado de 76 asesores expertos ofertados, BAIN incluyó y se le aprobó la participación de Gilda Susana Lozoya Austin, con lo que se actualizaba un supuesto conflicto de interés por ser pariente consanguíneo de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, lo cual era suficiente motivo para desechar su oferta», dice la denuncia de la CFE ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La dirección Corporativa de Negocios Comerciales de la CFE reportó a la FGR que no existe evidencia de la implementación y funcionalidad de los productos pagados y que ni siquiera hay documentos que comprueben su entrega, lo que implicaría una falta de la empresa.
Actualmente la hermana de Lozoya es prófuga de la justicia por una orden de aprehensión librada en su contra por lavado de dinero, ya que supuestamente fue beneficiaria de los sobornos que cobró el ex director de Pemex a Odebrecht.
La indagatoria implica tanto a ejecutivos de BAIN & Company México y a directivos de la CFE como Guillermo Turrent Schnaas, ex director de Modernización, y Javier Gutiérrez Becerril, ex subdirector de Modernización, debido a que la auditoría realizada al contrato, incluida en el expediente, reveló una tendencia a favorecer a la firma trasnacional sobre otras que ofrecían mejores condiciones.
Pero en la presunta validación ilegal y pagos también se involucra a Abraham Escudero Hernández y a Víctor Aguilar Gómez, entonces subgerente y líder de la Oficina de Transformación, respectivamente, y a Gabino Rosales Jiménez, ex auxiliar técnico de la dirección de Finanzas.
Según la denuncia, la Comisión reclamará a los responsables una indemnización que podría ser por el valor del contrato y que en moneda nacional equivalen hoy en día a casi 587 millones de pesos.
Desde el 30 de noviembre pasado, la Comisión se querelló contra los ex funcionarios por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido del servicio público.
De acuerdo con una visita de inspección, la Auditoría Interna de la CFE detectó irregularidades como la posible doble contratación del servicio de elaboración del Plan de Negocios 2016-2020, su indebida contratación sin licitación y la disposición de los funcionarios a «direccionar» la contratación de BAIN, con una calificación incorrecta de sus servicios.
En la indagatoria, la dirección Corporativa de Negocios Comerciales de la CFE reporta que no existe evidencia de la implementación y funcionalidad de los productos pagados, debido a que no hay documentos que comprueben su entrega.
Además, cuestiona la experiencia de la proveedora en el ramo y la menciona como una empresa con la «habilidad para llevar a cabo desayunos empresariales en materia eléctrica».
El contrato fue suscrito en octubre de 2015 por 28 millones 800 mil dólares, pero el 10 de agosto de 2016 se formalizó un convenio modificatorio por una suma adicional de 540 mil dólares más IVA. El primero se pagó en la administración de Enrique Ochoa Reza en la dirección general de la CFE, y el segundo en la de Jaime Francisco Hernández Martínez.
En la denuncia se hizo notar que de los 76 expertos o asociados comprometidos en el proyecto, se registró la asistencia de sólo 44 de ellos, pero que otras 72 personas no consideradas en el contrato asistieron a las instalaciones y tuvieron acceso a información e instalaciones estratégicas de la CFE sin ser supervisadas por los administradores del convenio.
