Gran Bretaña canceló su primer vuelo de deportación a Ruanda luego de una intervención de último minuto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que decidió que había «un riesgo real de daño irreversible» para los solicitantes de asilo involucrados.
El vuelo estaba programado para partir el martes por la noche, pero los abogados de los solicitantes de asilo lanzaron una ráfaga de apelaciones caso por caso para bloquear la deportación de todos los que figuran en la lista del Gobierno.
La secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, había dicho ese mismo día que el avión despegaría sin importar cuántas personas estuvieran a bordo. Pero después de las apelaciones, no quedó nadie.
La decisión de cancelar el vuelo culmina luego de tres días de frenéticos desafíos judiciales mientras los defensores de los derechos de los migrantes y los sindicatos intentaban detener las deportaciones.
Los líderes de la Iglesia de Inglaterra se unieron a la oposición y calificaron la política del Gobierno de «inmoral».
El Primer Ministro británico, Boris Johnson, había defendido enfáticamente el plan.
«Nos pondremos en marcha y cumpliremos», declaró Johnson, argumentando que la medida es una forma legítima de proteger vidas y frustrar las bandas criminales que trafican migrantes a través del Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.
En abril, el Premier anunció el acuerdo con Ruanda para deportar a los migrantes y solicitantes de asilo a ese país africano.
A cambio de aceptarlos, Ruanda recibiría millones de libras en ayuda para el desarrollo. A los deportados se les permitiría solicitar asilo en Ruanda, no en Gran Bretaña.
