MÚZQUIZ, COAHUILA.- A los antecedentes de violación de normas y malas prácticas mineras, en el listado de elegidas por la Comisión Federal de Electricidad para adjudicar los contratos de suministro de carbón se suma la falta de control sobre propiedad real de concesiones, así como la indiferencia para garantizar cuidado medioambiental y protección de los trabajadores, aspectos entregados a un “acuerdo de buena voluntad”.
Accidentes como el ocurrido de las cuevas de la empresa MICARÁN, que costó la vida de siete obreros en las cercanías del poblado de Rancherías, han demostrado que la labor en cuevas y pozos se realiza “al tanteo”, sin una planificación técnica ni equipos adecuados, lo que mantiene a los trabajadores en permanente riesgo.
Así lo han corroborado sostenidas denuncias de organizaciones como el Centro Miguel Agustín PRO y Familia Pasta de Conchos, en el sentido de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social carece de personal, vehículos y hasta gasolina para realizar inspecciones a las pequeñas faenas desperdigadas en la Región Carbonífera, en su mayoría en sitios de difícil acceso, y se centran en visitar solo a las de mayor tamaño y más infraestructura.
“Realmente, la Secretaría del Trabajo ha pasado de la labor preventiva que se comprometió luego de la tragedia de Pasta de Conchos, la que medio cumplió por algunos años, a una presencia después de que ocurren los siniestros y con facultades limitadas para sancionar e impedir la continuación de labores”, señala Cristina Auerbach Benavides, representante de OFPC.
Un ejemplo es CARKIM Industrial, de la que en el Registro Público de la Propiedad aparece como dueños María del Carmen Delgadillo y Francisco Flores Armenta (también administrador único), y como gerente general Eduardo Rubén Morales Martínez.
Esa empresa, además de ser el conducto para entregar a la CFE el carbón extraído en los socavones de la siniestrada MICARÁN, operaba cuevas también en la zona de Rancherías, las que por la ausencia total de medidas y equipos de seguridad fueron en teoría paradas por la STPS y sin embargo continuaron operando hasta su abandono en el presente año.
Con posterioridad a ese accidente fatal, en que los obreros y familiares criticaron la “presencia artística” de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, dos trabajadores fallecieron en un accidente cuando eran trasladados en un destartalado vehículo a las cuevas supuestamente paradas.
A CARKIM Industrial, que de acuerdo con empresarios de la zona no cuenta actualmente con cuevas o pozos localizables, la Comisión a cargo de Manuel Bartlett Díaz le preasignó un pedido trianual por un total de 74,100 toneladas de carbón.
“No se ve como puedan cumplir a menos que coyoteen a productores no favorecidos o hagan como los Flores, que con pedido y sin minas recurrieron a la compra de carbón de desecho de GAN, lamas pues, para entregarlas bajo arreglo a la CFE y simular el cumplimiento del contrato entregado a Tania y su hermano Tony para financiar la campaña municipal”, opinó el geólogo Manuel de Jesús Aguilar.
Similar es el caso de Grupo SACU, de Luis Alfonso Rodríguez Garza, que opera cuevas directamente o bajo prestanombre en la zona de Obayos, con las cuales en la pasada colocación sumó pedidos por más de 300 mil toneladas. De acuerdo con denuncias de trabajadores y evidencias fotográficas, laboraban en condiciones de total inseguridad e incluso debían adquirir por sí mismos equipos básicos como el casco minero.
Poco después del siniestro en Rancherías, en una de las cuevas resultó gravemente lesionado y paralizado por un desprendimiento el trabajador Juan Muñiz Calvillo. Para burlar la responsabilidad del accidente laboral ante el IMSS, fue trasladado y abandonado en una clínica particular.
Tras una inspección “a posteriori” de la STPS, la cueva fue restringida, pero pese a ello siguió funcionando y a Luis Alfonso Rodríguez, de acuerdo con los listados publicados durante la semana por la CFE en su micrositio, le fue preasignado directamente un pedido por 91,200 toneladas.
La suma de irregularidades que dan base a las sospechas generales de corrupción en las asignaciones directas de la CFE, que en opinión de empresarios locales superan con mucho las que cometía la estatal PRODEMI, tienen como perla la elusión de toda responsabilidad en el control del impacto ambiental de las precarias explotaciones durante y después de la operación.
En la anterior adjudicación y tampoco en la que se encuentra en curso está contemplado como requisito contar con Manifiesto de Impacto Ambiental, a diferencia de lo que se exige a empresa grandes y medianas que operan en la zona tanto en minería como en otros rubros.
En este caso, para Manuel Bartlett y la CFE es suficiente un “compromiso de buena voluntad” presentado “bajo protesta de decir verdad”, en que los adjudicados señalan su voluntad de realizar remediación ambiental en pozos y cuevas una vez finalizada la explotación.
“Si no cumplían en seguridad ni en medio ambiente cuando la STPS y PROFEPA al menos intentaban exigirlo, y en toda la Región están las pruebas a simple vista, es una cándida ilusión que lo harán ahora que hay manga ancha para el desacato y la corrupción”, observó el ingeniero Aguilar.
