CIUDAD DE MÉXICO.-Ante la inacción de las autoridades, las extorsiones del crimen organizado están imparables en el País e igual afectan a empresarios y comerciantes, que a transportistas, agricultores y hasta ambulantes.
Vendedores de un tianguis de Celaya, Guanajuato, que aglutina 350 puestos, tienen que pagar de 5 mil a 8 mil pesos mensuales a los criminales para que los dejen trabajar.
«No hay salida, si no pagas te mueres», dijo un comerciante que pidió el anonimato.
Locatarios del Mercado de Abastos de esa ciudad denunciaron que los delincuentes los obligan a depositar mil pesos a la semana.
En el Estado de México, transportistas de diferentes rutas en Ecatepec, Coacalco, Naucalpan, Tecámac y Neza reconocieron que pagan a grupos delictivos entre 50 a 200 pesos diarios por unidad.
Si no pagas, dijo un conductor, te amenazan con quemar las unidades o matar a los trabajadores de la ruta.
En el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, los ambulantes pagan una cuota de 50 pesos diarios por metro cuadrado.
Aguacateros y limoneros de la región de Tierra Caliente de Michoacán revelaron que les piden de 500 a 5 mil pesos, dependiendo del volumen de sus cargas- por dejarlos comercializar sus productos desde Tepalcatepec, Aguililla, Buenavista y Apatzingán.
En la Sierra Gorda de Querétaro, organizaciones criminales piden a constructores montos que van de los 50 mil a los 200 mil pesos para permitir el desarrollo de obras.
Comerciantes de la Central de Abastos de Oaxaca pagan mil 500 pesos al mes por la venta de tomate, jitomate y algunas hortalizas, mientras que a transportistas y comerciantes poblanos les cobran de 200 a 500 pesos cada que realizan cargas y descargas en el municipio de San Martín Texmelucan.
El Cártel Independiente de Acapulco y Los Rusos exigen a transportistas de Guerrero entre 100 y 200 pesos a la semana, mientras que empresarios y comerciantes del puerto deben pagar de mil a 3 mil pesos, dependiendo del giro comercial.
La semana pasada fueron incendiados dos taxis en Acapulco, y en mayo fueron incinerados al menos 80 locales del Tianguis Campesino, ambos casos relacionados con el llamado «cobro de piso».
Fuentes policiacas revelaron que en Taxco y Coyuca de Catalán es la Familia Michoacana la que impone precios en la venta de refrescos, cerveza y carne, y que integrantes del Cártel Jalisco imponen precios en tortillerías y cervecerías de Zihuatanejo, lo que provocó el cierre provisional de 50 establecimientos de ese giro a inicios de junio.
Luis Alberto, dueño de un centro botanero en Temixco, Morelos, acusó que debe pagar 50 pesos al crimen organizado por cada 300 pesos que un cliente le deje en consumo de caguamas o comida.
Según cifras de las Fiscalías estatales, de enero a mayo pasado aumentaron 28 por ciento las víctimas de extorsión en el País, comparado con el mismo periodo de 2021.
Para María Elena Morera, de Causa en Común, es cínica la forma en que los delincuentes cobran las extorsiones, y obedece a la falta de seguridad por parte de autoridades.
