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El sexenio de López Obrador llega a su fin

El sexenio de López Obrador llega a su fin

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Por José Buendía Hegewisch

 El sexenio para efectos prácticos llega a su fin, poco más po­drá avanzar frente a la recesión y la crisis de violencia, aunque aún le restan dos años. El Presidente alcanza la recta final con altos niveles de popularidad, pero montado sobre un gobier­no con el poder político disminuido por el juego abierto de la sucesión y una oposición negada a cooperar con sus inicia­tivas. Parece comenzar a sufrir el síndrome del pato rengo, que pierde la capacidad de maniobra y negociación cuando cambia el ritmo de los tiempos.

Por supuesto que esa sintomatología no corresponde con la típica extinción del mandato, de atribuciones o interlo­cución de los presidentes con el declive de su poder. López Obrador mantiene el mando fuerte y la centralización que domina su gobierno. No, la denominación se refiere al fe­nómeno que presentan estas aves, cuando dejan de tener capacidad para seguir el ritmo de la bandada y se vuelven blanco de los depredadores. Su Presidencia ya no podrá hacer más de lo hecho hasta ahora, ante problemas que toman un vuelo inesperado como la espiral de violencia incontenible, la carrera irrefrenable de la inflación y el drástico freno a la economía.

El gobierno no puede remontar el vuelo frente al huracán económico que dejó la pandemia y ahora la guerra en Europa, por tres razones. La primera, por creer que las cosas van bien y que la tormenta será transitoria, aunque puede borrar sus avances en poder adquisitivo, empleo y consumo. Segundo, porque no sabe cómo hacer las cosas diferentes. Por ejemplo, López Obrador reclama al Banco de México aplicar la misma medicina de elevar las tasas para contener la inflación de las últimas dos administraciones neoliberales y le pidió imaginar otra forma que no ahogue la productividad. Y tercero, la pér­dida de interlocutores por el debilitamiento de los estados y la ruptura del diálogo con la oposición en el Congreso.

Tiene poco margen de actuación frente a la recesión y la inflación, a la vez que poca capacidad de negociación para sumar voluntades contra la violencia. El Presidente no está dispuesto a ningún viraje de su estrategia, aunque se em­pantane en un lodazal de sangre del que trate de culpar a los estados. La centralización ha sido el sello de su gobierno con la justificación de eficacia y evitar la corrupción, pero en la práctica, se han reducido a imponer sus prioridades sobre poderes estatales, empresarios y la oposición. Si la pandemia fue un golpe a su proyecto, la recesión no deja lugar a avanzar sus programas, y menos a buscar el respaldo a sus reformas o al concierto de planes para enfrentar los malos tiempos cuando comienza a estar más solo.

Las dirigencias de la oposición comienzan a actuar como si su gobierno estuviera de salida y concentran su atención en escenarios futuros de los presidenciables. Su declaración de una “moratoria constitucional” es una señal política de que la negociación será con un sucesor, aunque cometan un error con la parálisis legislativa. Lo perciben como un pato cojo más proclive a la amenaza y la retórica que al diálogo, mien­tras que los empresarios esperan el fin de su gobierno y pasar la página de desencuentros con la siguiente administración.

Pero se equivocan porque dos años de parálisis en el país es un alto riesgoso para el futuro. Y, sobre todo, por no tomar en cuenta que, si bien dejar de interactuar con él debilita su gobierno, también le da mayor libertad para tomar accio­nes unilaterales, por ejemplo, para sacar adelante sus obras emblemáticas de infraestructura y su proyecto energético al costo que sea. El resultado será mayor conflictividad y com­plicaciones para su sucesor.

La moratoria cierra el camino a su agenda de reformas constitucionales, pero el mayor problema es carecer de una “hoja de ruta” para los nuevos retos hacia el final del sexenio y una relación rota con la oposición. Los oponentes carga­rán con parte de la responsabilidad por inducir una parálisis legislativa, pero la inercia en que deja al país también puede implicar costos políticos al gobierno. Sin la obligación de ne­gociar con la oposición, se reduce su margen de acción en reformas como la electoral o de la Guardia Nacional, pero, sobre todo, se cierran los caminos para debatir y acordar es­trategias para evitar que los problemas se desborden.

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