Por Raymundo Riva Palacio
El socio incómodo
El abogado Jesús Hernández Alcocer, quien presuntamente asesinó a su esposa en el restaurante Suntory, tiene una red de conexiones de alto nivel que se remonta a más de una década
Quienes conocen hace tiempo al abogado Jesús Hernández Alcocer no se sienten sorprendidos por lo que sucedió en el famoso restaurante Suntory, en el centro-sur de la Ciudad de México, donde el jueves por la noche resolvió un reclamo de su joven esposa, la cantante Yrma Lydya, y presuntamente la asesinó de tres balazos. No era extraña la presencia de Hernández Alcocer en ese restaurante, ni inusual que estuviera armado. Casi todas las tardes Hernández Alcocer despachaba en la planta baja del restaurante y siempre traía una pistola colgada.
Hernández Alcocer tiene una red de conexiones de alto nivel que se remonta a más de una década, en la política –incluso ha financiado al menos a un partido político–, en el Poder Judicial y en la seguridad, distinguiéndose por la forma prepotente con la que trataba a mucha gente. Sus relaciones no son solamente del pasado, sino del presente, al estar vinculado, institucional y personalmente, con algunas de las personas más influyentes y cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador.
La relación más importante, de acuerdo con fuentes militares, es su sociedad con el general Audomaro Martínez Zapata, director del Centro Nacional de Inteligencia, una persona tan cercana e influyente con el Presidente desde hace más de 25 años, que a propuesta suya nombró a su compadre, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, pese a ser el penúltimo general en el escalafón meritocrático para el puesto. Su sociedad, indicaron las fuentes, se da en la empresa Sedregal, enfocada en la seguridad privada, aunque oficialmente ninguno de los dos aparece como parte de la compañía.
Sedregal fue constituida en Querétaro el 18 de septiembre de 2012 por su hijo Oscar Audomaro Martínez Hernández, Luis Arturo Oliver Navarro, quien proviene también de una familia de militares, y dos personas sobre las cuales no existe información pública disponible, Alejandra Janeth Arámbula Sánchez, quien figura como administradora única, y Diana Yamilet Hernández Zárate. Martínez Hernández es quien figura como el director general ejecutivo.
No hay mucha información pública disponible sobre la empresa, que tuvo al menos tres contratos con el gobierno, de 2018 a 2020, con la Procuraduría General de la República, antes de convertirse en Fiscalía General, con Liconsa y con el Banco Nacional del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. La empresa comenzó a tener contratos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero ha sido durante el de López Obrador cuando adquirió una fuerza sostenida que no había tenido antes.
La sociedad en Sedregal no es transparente, pero fuentes militares y políticas señalan que no es el general Martínez Zapata el único militar de rango en la fundación de esa empresa, y que cuando menos hay uno más que tuvo posiciones de importancia estratégica en anteriores administraciones, y que en algún momento fue candidato a ser secretario. Las relaciones de Hernández Alcocer dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, eran algo de lo que el abogado llegó a presumir durante varios años.
Dentro del armado opaco de Sedregal, fue trascendiendo por comentarios del propio Hernández Alcocer a lo largo del tiempo, que entre las personas ligadas a la empresa se encuentran el hijo de un importante empresario, propietario de uno de los grandes grupos mexicanos, que despareció de la lista de los atacados recurrentes por el presidente López Obrador en las mañaneras durante los primeros meses del gobierno. Aunque para quienes platicaban con Hernández Alcocer les quedaba la impresión de que el hijo del empresario y la otra persona vinculada al Grupo Puebla, prestanombres del controvertido exgobernador Mario Marín, muy cercano al abogado, eran socios de Sedregal, no está claro que lo sean.
La relación de Hernández Alcocer con el responsable del aparato de inteligencia civil del gobierno no es la única de alta relevancia del abogado. Fuentes judiciales narran de la cercanía que ha mantenido con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y con su mano derecha, el fiscal especializado en Control Competencial, Juan Ramos. De acuerdo con dos de las fuentes, Hernández Alcocer era un visitante frecuente en sus oficinas y solían recomendar hablar con él para tener un acceso directo a Ramos, e indirectamente por esa vía a Gertz Manero, para poder tratar casos y buscar una solución fuera de tribunales.
Hay señalamientos sobre presuntos beneficios judiciales de Hernández Alcocer de esa relación, pero ningún dato concreto hasta este momento. Tampoco está claro si la relación del abogado con el fiscal es vieja o surgió a partir de su relación con el director del Centro Nacional de Inteligencia. En todo caso, los vínculos con tres figuras muy importantes en el manejo de la persecución política del régimen son variables que hay que observar con cuidado en el proceso judicial que se llevará en contra del abogado.
Hernández Alcocer fue detenido el jueves pasado en el Suntory junto con su escolta, por el escolta de un funcionario capitalino. De acuerdo con los reportes de prensa, intentó sobornar a los policías de la alcaldía Benito Juárez, donde se encuentra el restaurante, que llegaron para apoyar al escolta que los atrapó mientras trataban de huir tras el homicidio. La fiscalía capitalina abrió una carpeta por el presunto delito de feminicidio, y el sábado lo trasladaron al Reclusorio Norte.
La actuación del escolta y la determinación de los policías de no dejarse sobornar, la prominencia del asesinado, la actividad de la cantante Yrma Lydya y el lugar donde se cometió el crimen, lo convirtió en uno de alto impacto e interés para los medios de comunicación, lo que reduce los espacios de maniobra para que sus socios y amigos puedan actuar fácilmente para sacarlo del problema. La última palabra no está dicha en este país donde pesa tanto el influyentismo, y se irá viendo en las próximas semanas si intervienen por él o, como correspondería, que permitan que la justicia haga su trabajo.
