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miércoles 6 de mayo de 2026

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Bitácora del director

Bitácora del director

Por Pascal Beltrán del Río

Mátalos en caliente

El jueves 9 de febrero de 2017 ocurrió un enfrentamiento en Tepic, Nayarit, entre la banda de los Beltrán Leyva y efectivos de la Armada.

Los marinos entraron en la colonia Lindavista, de la periferia de esa ciudad, con la intención de detener a Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, quien había asumido el liderazgo del grupo criminal luego de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en 2009, y la captura de su hermano Héctor, El H1, en 2014.

La relación que hizo la Marina sobre lo que ocurrió en Tepic fue que a sus elementos los recibieron a granadazos y disparos de armas de alto poder cuando llegaron a la casa de seguridad de El H2 y que, para proteger a sus hombres, un helicóptero que sobrevolaba la zona disparó contra la residencia. En la acción, murieron Patrón y 11 de sus hombres.

Ese mismo día se encontraba en la capital nayarita Andrés Manuel López Obrador, realizando actividades como aspirante presidencial. Al comentar el suceso, dijo que “los de la Marina, desde un helicóptero, masacraron a seres humanos”. 

El hoy Presidente ha repetido esa versión muchas veces. Lo hizo esta misma semana, al rechazar las críticas a su política de seguridad que se expresaron luego de los asesinatos de los jesuitas en Chihuahua.

Quienes objetan su estrategia de “abrazos, no balazos” –afirmó el lunes– “no dicen nada de cómo ajusticiaban a personas, cómo aplicaban el ‘mátalos en caliente’, cómo creció en México el número de masacres, los índices de letalidad, cómo remataban a los heridos”. Y agregó: “¿Qué quieren? ¿Qué se vuelva a ametrallar desde los helicópteros? ¿Eso es lo que quieren? No, no”.

Se equivoca el mandatario al decir que sólo hay dos maneras de enfrentar la inseguridad que asuela al país: violando los derechos humanos de los delincuentes o siendo comprensivo con ellos. Hay una tercera ruta, que debiera ser la única: aplicar la ley.

Personalmente no sé de nadie que proponga que los “abrazos” sean reemplazados por “masacres”, pero, más allá de eso, habría que tomar en serio las constantes afirmaciones de López Obrador de que, antes de su llegada al poder, operaba la instrucción de “mátalos en caliente” –una expresión que se atribuye a Porfirio Díaz, tomada de un telegrama en el que ordenó ejecutar, sin juicio previo, a los sublevados de Veracruz en 1879– y de “rematar a los heridos”.

Si el Presidente está convencido de eso, debiera proceder en consecuencia y presentar denuncias contra quienes así obraron. En cuanto a ex altos mandos policiacos, yo sólo sé de aquellas que involucran a Genaro García Luna y sus subalternos, presentadas después de que el exsecretario de Seguridad fue detenido en Estados Unidos, así como a Tomás Zerón de Lucio, acusado de manipular las pesquisas sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, esos son casos aislados, si acaso piezas sueltas de una política de “mátalos en caliente” dictada desde las más altas esferas del poder, que, de haber existido, hubiese requerido de la participación de los mandos militares de mayor jerarquía.

Dado que las declaraciones presidenciales sobre “ametrallamiento desde helicópteros” recuerdan los hechos de Tepic, quiero suponer que el Ejecutivo tiene pruebas de que allí hubo una ejecución extrajudicial múltiple, ordenada desde arriba.

Me pregunto, entonces, por qué no han sido sometidos a investigación los elementos de la Armada que intervinieron en ese enfrentamiento, así como toda la cadena de mando que dio esa u otras órdenes. A estas alturas, López Obrador pudo haber pedido que le acercaran el expediente para conocer lo que sucedió y ya debe tener claro si ésa fue o no fue una “masacre”, como ha sostenido por cinco años.

Si su gobierno está buscando aclarar los hechos de represión del periodo 1965-1990, ¿por qué no hacer lo mismo con la violencia de este siglo?

Nadie que crea en el Estado de derecho puede estar de acuerdo con una política de “mátalos en caliente”. Entonces, lo honesto sería proceder contra esas presuntas violaciones a los derechos humanos, si es que hay evidencias, o desistirse de seguir con esa narrativa, que parece hecha para justificar su política de seguridad.

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