La Suprema Corte de Justicia rechazó hoy revisar la acusación por lavado de dinero contra seis miembros de la familia Jenkins, perseguidos por la Fiscalía General de la República (FGR) por la supuesta malversación de más de 14 mil millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins.
Por tres votos contra uno, la Primera Sala de la Corte rechazó la petición del Ministro Juan Luis González Alcántara para atraer un amparo en revisión y cuatro recursos de queja, promovidos por los Jenkins y sus abogados, para impugnar la decisión de la FGR de reactivar en 2020 una investigación que ya había sido cerrada en 2018, entre otros temas.
González Alcántara había hechos suya la solicitud de los acusados, quienes no estaban legitimados para pedir la atracción a la Corte, pero ahora, los recursos serán resueltos por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal.
La decisión de la FGR resultó en una orden de aprehensión por lavado de dinero, otra posterior por fraude, y fue la base para una demanda civil del Gobierno de Puebla que le quitó a los Jenkins el control sobre la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), ocupada por la Policía estatal en junio de 2021.
Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, fue hasta 2018 rector de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, que no está relacionada con la UDLAP, pero con la cual mantuvo durante años una fuerte disputa por la titularidad de registros marcarios.
En mayo de 2018, la FGR había decretado el no ejercicio de acción penal en la carpeta de investigación contra los Jenkins, quienes fueron denunciados en 2017 por su hermano Guillermo Jenkins de Landa.
Pero el 12 de junio de 2020, cuando Gertz ya era titular de la FGR, el Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, Juan Ramos López, reabrió la carpeta y ordenó varias diligencias, entre ellas, una colaboración con Estados Unidos para obtener detalles sobre el portafolios de inversiones de la Fundación Jenkins en ese país, valuado en 228 millones de dólares.
El subprocurador Ramos, colaborador de confianza de Gertz, fue Abogado General de la UDLA de la CDMX y fungió como su apoderado durante la disputa con la UDLAP, a la que incluso denuncio penalmente en 2007.
El 18 de febrero de 2021, la FGR judicializó la carpeta ante un juez federal de Almoloya, quien el 24 del mismo mes ordenó la aprehensión por lavado de Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins.
Los Jenkins alegan que FGR actuó ilegalmente al reabrir la carpeta, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales indica que, en casos de no ejercicio de acción penal, el ofendido tiene diez días para impugnar ante un Juez de Control, que es quien puede resolver si reabre el caso.
Según Guillermo Jenkins, sus hermanos se apropiaron del patrimonio de la fundación creada por su bisabuelo en 1954, mediante una donación simulada en favor de otra entidad, denominada Fundación Bienestar de Filantropía, y enviando recursos a empresas de papel en Barbados y Panamá.
Esta operación llevó al SAT a fincar a la fundación créditos fiscales por mil 400 millones de pesos, y a embargar en 2016 el campus de la UDLAP como garantía del pago de la deuda.
Los Jenkins han negado las acusaciones, y el 16 de julio de 2021, luego de la toma de la UDLAP por la policía de Puebla, notificaron su intención de presentar una demanda arbitral contra el Estado Mexicano para reclamar indemnización por «cientos de millones de dólares».
Cabe mencionar que, el pasado 8 de febrero, el Gobierno de Puebla, por conducto de su Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada, desistió de la demanda civil que le permitió intervenir en la UDLAP.
