Tras librar un supuesto fraude en los trámites para desbloquear sus cuentas bancarias en Andorra, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que volverá a judicializar el mismo caso contra Juan Collado.
En un comunicado, la dependencia federal dijo esta mañana que la no vinculación a proceso en favor del litigante por este asunto no implica que vaya a quedar libre porque tiene otros dos procesos federales, uno por defraudación fiscal y otro por delincuencia organizada y lavado de dinero.
La FGR indicó que solicitará un dictamen a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y volverá a presentar el caso ante la justicia federal, para imputar y pedir nuevamente el procesamiento del abogado en esta causa penal.
«La determinación que ha emitido el Juez de Control en uno de los casos que se llevan en contra de Juan Ramón ‘C’, no pone en libertad al investigado, en razón de que está sujeto a dos procesos penales más; el primero por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada; y el segundo por defraudación fiscal; en ambos tiene decretada prisión preventiva», dijo la FGR.
«En este caso ya referido, en cumplimiento a la Orden del Juez de Control, en el sentido de obtener un nuevo dictamen de la Unidad de Inteligencia Financiera para judicializar, la FGR lo gestionará de inmediato para poder continuar con este procedimiento penal».
REFORMA informó ayer que Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, resolvió no vincular a proceso al abogado por un supuesto fraude en los trámites para desbloquear sus cuentas en Andorra.
En esta causa penal, la FGR sostiene que Collado presentó una denuncia contra sí mismo para conseguir el no ejercicio de la acción penal y usar esta determinación ministerial para descongelar en 2018 las cuentas bloqueadas en Andorra desde marzo de 2015.
Al momento del desbloqueo, Collado acumulaba 40 millones de euros y en el 2019, cuando fue detenido y Andorra volvió a congelar sus cuentas, sus depósitos bancarios habían aumentado a 76.5 millones de euros.
Por este caso también fue procesado hace dos años Alberto Manuel Alcántara Martínez, ex titular de la Coordinación General de Investigación de la FGR, quien falleció de Covid-19 en febrero del 2021.
Cuando judicializó por vez primera este expediente, la FGR imputó a Collado y Alcántara los delitos de tráfico de influencias y delitos contra la administración de la justicia, sin embargo, el 2 de septiembre de 2020 el entonces juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez reclasificó los ilícitos y los procesó por fraude específico.
Lo extraordinario del caso es que en aquel momento el juez -luego ascendido a magistrado- validó la existencia de un fraude sin denuncia, sin víctima y sin monto, no obstante que éstos son los requisitos básicos para proceder por este ilícito.
Lo que hizo Ramírez Benítez fue darle a las autoridades federales la oportunidad de presentar la querella para cubrir esos requisitos de procedibilidad, pero después de haber vinculado a proceso a los imputados.
Conforme al oficio UEIDCSPCAJ-081/2020, al día siguiente de la vinculación a proceso la FGR le pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analizar la carpeta de investigación contra Collado y pronunciarse con respecto a si presentaría la querella.
La UIF recibió este documento a las 11:02 horas y en punto de las 13:50 horas la unidad especial presentó la denuncia ante la Fiscalía. A las 13:55 horas del mismo día Martha Ledesma Gutiérrez, directora General Adjunta de Procesos Legales de la UIF, ratificó la querella.
La velocidad con que fue elaborada la denuncia es inédita, pues se trata de un documento de 45 páginas redactado en menos de tres horas y cuya redacción implicaba revisar las 8 mil hojas de la carpeta de la investigación.
Al parecer, la FGR volverá a solicitar el mismo dictamen de la UIF para proceder nuevamente contra el abogado de los ex Presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.
