Por Yuriria Sierra
Leyes feminicidas
Un país en el que al menos diez mujeres son asesinadas cada 24 horas tendría que haber hecho ya del feminicidio un estandarte de lucha social desde el Estado, sus brazos enfocados a la seguridad, impartición de justicia, desarrollo social, sanidad y educativo, volcados en el combate de la violencia de género desde su más primaria arista. Una estrategia integral.
Sin embargo, no es así. El número de víctimas diarias no ha sido suficiente para un gobierno federal que se asoma indolente, aunque se diga feminista. Marchas y movilizaciones se han topado con vallas cuando llegan a Palacio Nacional y con descalificaciones cuando se habla de ellas en las conferencias matutinas.
Kimberly tenía 14 años, su cuerpo fue hallado al interior de una habitación de un hotel en Cuautla, Morelos. La mataron con más de 30 puñaladas. El responsable, su novio, nueve años mayor que ella. El sujeto huyó varios días, fue aprehendido junto con su padre, quien le ayudó a escapar. Kimberly es hoy el caso más visible de la violencia feminicida, una que tristemente encuentra nuevos rostros y expedientes todos los días.
Entre 2020 y 2021, más de cinco mil mujeres fueron asesinadas. Muertes no clasificadas como feminicidios, porque en nuestro país aún no hay protocolos homologados que obliguen a que, sin importar en cuál estado se cometa el crimen, sí o sí se investigue de facto con perspectiva de género cuando se trata de una mujer, como una vía para zanjar móviles posibles. Esto, desde luego, tiene implicaciones terribles para acceder a la justicia: “primero impide normalizar protocolos de investigación ya que los tipos son distintos; en segundo lugar, dificulta una doctrina jurisprudencial que sea aplicable a todos los tipos, y en tercer lugar en ocasiones algunos de estos tipos penales son de tal manera mal elaborados que resultan inoperantes y un obstáculo para la investigación de los feminicidios…”, expresó ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La anterior declaración la hizo frente a legisladores, todos integrantes de la Comisión Permanente. Arturo Zaldívar fue a presentarles una iniciativa para corregir ese error. En su propuesta, el Ministro Presidente subraya la urgencia de reformar la fracción XXI, inciso A, del artículo 73 de la Constitución General. Esto daría facultad al Congreso para expedir, al fin, una ley que coordine acciones en los tres niveles de gobierno en materia de feminicidio. Sin embargo, lo más notable es la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, la cual establece estos tipos penales y los sanciona; les da a autoridades locales la obligación de llevar la investigación y los procesos judiciales; prevé la creación de un Protocolo Nacional de Investigación de Feminicidios; contempla medidas de reparación integral y prevención del delito. Y subraya que el feminicida no podrá salir de la cárcel y que el delito será imprescriptible, no dará pie a atenuantes en favor del agresor, como defensa del honor, celos o usos y costumbres. Es un proyecto sumamente necesario, porque eleva el feminicidio al nivel judicial que se necesita.
Con diez mujeres asesinadas cada día, basta de leyes no homologadas, que, de tan poca coordinación, terminan por convertirse en instrumentos para la impunidad.
