Después de 22 años de mantener la investigación en la reserva y de 28 años de ocurridos los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) reactivó las diligencias en la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.
Las actuaciones son consecuencia de la recomendación que en octubre pasado hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la FGR para que investigara las presuntas torturas a Mario Aburto, con la finalidad de que la víctima y la sociedad mexicana accedieran “al derecho a la verdad de las reiteradas violaciones a los derechos humanos”.
El 20 de octubre del 2000 la averiguación previa fue enviada a la reserva por un periodo de 35 años, es decir, no fue cerrada o archivada como un asunto concluido, sino que quedó a la espera de un dato novedoso que ameritara reactivar la indagatoria.
Desde entonces nunca hubo ningún indicio relevante que modificara el estado de las cosas, hasta que el pasado 27 de octubre la CNDH emitió una recomendación a la FGR y el sistema penitenciario federal por las presuntas torturas al asesino material, tras su captura.
Esta recomendación, que tiene su origen en una queja de Aburto ante el organismo humanitario, concluye que el magnicida fue víctima de vejaciones y malos tratos durante su detención y traslado al Penal del Altiplano, por parte de agentes de la desaparecida Policía Judicial Federal y del Ministerio Público Federal.
Por eso la CNDH conminó a la FGR a realizar una nueva investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de Aburto, o reactivar el anterior, para subsanar las deficiencias.
Como consecuencia de lo anterior, desde abril se asignó a un grupo de fiscales y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) para llevar a cabo las pesquisa, y se radicó la carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.
Una de los primeros actos de investigación fue girar unos oficios de comisión a los elementos de la PFM para que busque y localice a las personas que puedan resultar de interés para la indagatoria.
Como parte de la revisión al expediente del caso Colosio, la Fiscalía también pidió por escrito a la CNDH una copia de las quejas presentadas por Aburto y sus familiares, y se pidió inscribirlo en el Registro Nacional de Víctimas.
Tras el crimen del candidato presidencial del PRI, la entonces Procuraduría General de la República creó la Fiscalía Especial para el caso Colosio para hacerse cargo de la indagatoria.
Tras rendir su informe final y acordar la reserva, en octubre de 2020, el expediente fue turnado a la Coordinación General de Investigación (CGI).
La CGI estuvo adscrita en los últimos dos sexenios a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, hoy denominada Fiscalía Especializada de Control Competencial, de la que está a cargo Juan Ramos López.
En el año 2000, al dictarse la reserva, el caso Colosio acumulaba 174 tomos con un total de 68 mil 543 fojas y 296 anexos, que contienen mil 993 declaraciones, 551 informes de diversas autoridades, 982 investigaciones y 326 dictámenes periciales.
La PGR desechó varias líneas de investigación desde aquel entonces.
Por ejemplo, concluyó que no había hallado evidencia de que el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari o su Jefe de la Oficina, José Córdoba Montoya, le hubiesen pedido a Colosio que renunciara a la candidatura presidencial en 1994.
También desechó la hipótesis de la intervención del narcotráfico o de un crimen de Estado. La autoridad concluyó que Aburto es el único autor del magnicidio.
